Opinión. Miercoles, 26 de Noviembre, 2025

Desde el inicio del segundo mandato del presidente Luis Abinader, el Gobierno está sufriendo una caída lenta pero constante en su credibilidad y popularidad, afectado por una serie de escándalos y problemas administrativos que han marcado el año 2025.

En los últimos meses, varios funcionarios electos y designados han sido arrestados o extraditados por presuntos vínculos con el narcotráfico. A esto se suma el aumento sostenido del costo de la vida, denuncias de corrupción en distintas instituciones y reiterados apagones, factores que han debilitado el discurso oficial en materia de transparencia y eficiencia pública.

La situación económica también muestra señales de presión, con un alza del dólar, falta de circulante, aumento del endeudamiento y cuestionamientos por retrasos y fallas en la ejecución de obras estatales. A ello se agregan episodios como el colapso del sistema eléctrico y las averías del Metro de Santo Domingo y las dificultades administrativas del Seguro Familiar de Salud.

El incremento de la delincuencia y la acumulación de incidentes han reforzado la percepción generalizada de que la popularidad del Gobierno continúa descendiendo de manera sostenida.

La cera al pastel se la ha puesto la reciente alocución del presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno -PRM- y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien reconoció la inclusión de personas ligadas al narcotráfico a su partido y reveló que en lo adelantes, habrá más casos ligados al mundo de las drogas. Pero además, el funcionario y dirigente político responsabilizó a los pasados gobiernos de que personas ligadas al tráfico de sustancias ílicitas incurrieron en las organizaciones partidarias.

Las declaraciones de Paliza han sido calificadas, incluso por miembros de su propio partido, como un «error», y no es para menos, ya que inculpar a los del pasado no libra de culpa a los del presente.