13 de Abril, 2026
Opinión. Lunes, 13 de Abril, 2026
En las últimas semanas, la República Dominicana ha vuelto a vivir un escenario que ya no debería sorprendernos: lluvias intensas, calles colapsadas, comunidades incomunicadas, familias desplazadas y, lamentablemente, pérdidas humanas. Los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), junto al monitoreo constante del Instituto Dominicano de Meteorología, advertían desde días antes la inestabilidad atmosférica, la saturación de los suelos y la alta probabilidad de inundaciones urbanas y rurales. Aun así, el país volvió a reaccionar tarde.
El protocolo se repite: el INDOMET emite boletines técnicos, el COE establece niveles de alerta (verde, amarilla, roja), la Presidencia de la República coordina acciones preventivas y activa organismos de respuesta. Se suspenden docencias, se emiten recomendaciones, se movilizan brigadas. Todo esto está bien. De hecho, es lo correcto desde el punto de vista institucional.
Pero hay una pregunta incómoda que debemos hacernos como país:
¿por qué seguimos esperando que el COE declare alerta roja para tomar decisiones que ya eran evidentes?
Porque mientras los mapas mostraban acumulados de lluvia peligrosos, mientras los drenajes colapsaban y las cañadas comenzaban a desbordarse, muchas empresas seguían operando con normalidad. Colaboradores saliendo de sus casas sin saber si debían ir a trabajar o no. Gerentes esperando “la señal oficial” para actuar. Decisiones críticas postergadas hasta que la emergencia ya era una realidad.
No es que el COE haya fallado. El problema es que hemos trasladado toda la responsabilidad al Estado, como si la gestión del riesgo fuera exclusivamente pública, y no lo es.
Las lluvias recientes no son un evento aislado. Forman parte de un patrón que llevamos años repitiendo: eventos climáticos cada vez más intensos, mayor vulnerabilidad urbana y una cultura reactiva que sigue dominando nuestras decisiones. Ya lo advertíamos en el contexto de la temporada ciclónica: no se trata de si va a pasar, sino de cuándo y con qué impacto. Lo más preocupante no es la lluvia. Es la improvisación.
Porque cuando una empresa no tiene un plan de emergencia claro, cuando no existen protocolos de continuidad del negocio, cuando no se han definido criterios de suspensión de operaciones ante riesgos climáticos, lo que ocurre es exactamente lo que vimos: caos, incertidumbre y exposición innecesaria de las personas.
El Reglamento 522-06 y las mejores prácticas internacionales, como la ISO 45001, son claros: la gestión del riesgo debe ser preventiva, no reactiva. Las organizaciones tienen la obligación de identificar peligros, evaluar riesgos y establecer controles antes de que ocurran los eventos. No después.
Sin embargo, seguimos operando bajo una lógica peligrosa:
“Si el COE no lo dice, no pasa nada”.
Hoy seguimos viendo imágenes de familias desplazadas, comunidades anegadas, pérdidas materiales y vidas afectadas. Escenarios que, en muchos casos, pudieron mitigarse con decisiones oportunas. Decisiones que no requerían una alerta roja, sino criterio, información y responsabilidad.
Como empresariado, como tomadores de decisiones, debemos asumir un rol mucho más activo. No podemos seguir operando como espectadores de la emergencia. Necesitamos:
La gestión del riesgo no es una reacción a la alerta. Es una capacidad instalada. Y hoy, lamentablemente, como país, seguimos demostrando que no hemos aprendido lo suficiente.
La gestión del riesgo no responde a una alerta; se construye como una capacidad instalada. Hoy, lamentablemente, el país continúa evidenciando que aún no ha aprendido lo suficiente.
Seguimos esperando.
Seguimos improvisando.
Seguimos reaccionando tarde.
La pregunta ya no es si volverá a pasar. La pregunta es más incómoda, más directa y urgente:
¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando que otro nos diga cuándo proteger nuestra gente?
