Opinión. Viernes, 25 de Julio, 2025

Hait ha cruzado la línea invisible que separa la fragilidad institucional del colapso absoluto. Ya no se trata de una crisis coyuntural ni de un desafío transitorio. Es, según lo ha afirmado el propio Episcopado haitiano, un Estado fallido, devorado por las bandas armadas, el hambre, la corrupción y una desesperanza que lacera el alma de su pueblo.

En su más reciente pronunciamiento, la Conferencia Episcopal de Haití no utilizó eufemismos: el país no puede garantizar ni seguridad, ni justicia, ni siquiera el mínimo vital para la subsistencia de millones de ciudadanos abandonados a la ley de las armas. Los santuarios religiosos son profanados, el patrimonio histórico arde sin piedad y el pueblo se desangra física y moralmente, herido “en su carne y en su alma”.

Haití es hoy un territorio controlado por el crimen organizado. Las bandas armadas imponen el terror en las calles, dominan rutas comerciales, secuestran personas, asesinan sin piedad y han establecido un “orden paralelo” en vastas zonas del país. Su poder ha alcanzado niveles que superan incluso a las autoridades estatales, dejando al pueblo sin protección ni esperanza. La violencia es cotidiana y generalizada, con barrios enteros sitiados por estas pandillas, en una especie de guerra no declarada que aniquila a la sociedad civil.

Lo más grave es que la comunidad internacional parece haber normalizado esta tragedia. Las grandes potencias, que en el pasado intervinieron política y económicamente en Haití para moldear sus intereses, hoy miran hacia otro lado. Los discursos humanitarios no se traducen en acciones concretas, mientras se impone una lógica cruel: Haití solo importa cuando sus consecuencias afectan a otros. La indiferencia de los países desarrollados ante el desmoronamiento haitiano es tan alarmante como el colapso mismo.

Las cifras son estremecedoras, pero la realidad supera cualquier estadística. Más del 50 % de la población vive en pobreza extrema, bajo el dominio de mafias que han suplantado al Estado. Lo que antes era una crisis hoy es una catástrofe silenciosa, que amenaza con expandirse más allá de sus fronteras. Y mientras tanto, el mundo observa con desdén y los organismos regionales responden con papeles y promesas.

Haití es una bomba de tiempo. Pero la pregunta ya no es si explotará, sino cuándo y a costa de quiénes. La comunidad internacional no puede seguir apostando a la improvisación ni esperar una estampida migratoria para actuar. Prevenir no es opcional, es un deber moral y estratégico.

Ignorar el colapso de Haití no lo hará desaparecer. Solo lo acercará más peligrosamente a nuestras puertas.