Opinión. Lunes, 02 de Marzo, 2026
Ejercer la abogacía en la República Dominicana en la actualidad implica desenvolverse en un entorno cada vez más complejo y desafiante. El profesional del derecho enfrenta presiones sociales crecientes, un mercado altamente saturado y un sistema que, en muchos casos, parece estimular la corrupción y la informalidad.
Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy el ejercicio del derecho es el desgaste ético. La normalización de prácticas cuestionables como el tráfico de influencias o el uso de tácticas dilatorias para retrasar procesos coloca en desventaja al abogado que decide actuar con integridad. En muchos casos, cumplir la ley y actuar correctamente deja de verse como una fortaleza y empieza a percibirse como un obstáculo dentro del propio sistema.
Diversos estudios internacionales, como el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, advierten que la debilidad en el cumplimiento de las normas y la percepción de corrupción en los sistemas judiciales afectan directamente la confianza en la justicia y dificultan el rol del abogado como garante del orden jurídico.
La abogacía, cuya función principal es defender el respeto a la ley, hoy enfrenta un entorno donde muchas veces se valora más la ventaja procesal que la ética profesional. A esto se suma un nuevo reto, el avance de la tecnología. La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la forma de ejercer el derecho más rápido de lo que muchos profesionales logran adaptarse en la República Dominicana.
Esta brecha tecnológica representa un riesgo real para los abogados que no incorporen la tecnología en su práctica diaria, pues corren el peligro de quedar rezagados frente a un ejercicio profesional cada vez más digital y competitivo. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre La Transformación Digital de la Justicia advierten que la digitalización en América Latina está creando una división creciente entre los despachos que adoptan tecnologías legales (LegalTech) y aquellos que quedan atrás, afectando directamente la competitividad del abogado independiente.
Actualmente la profesión de derecho ha perdido el respeto de la gente ya que el ciudadano común suele desconfiar del abogado, y no es solo por culpa de los profesionales, sino porque el sistema mismo ha maltratado y desacreditado a quienes trabajan en él.Como bien ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando la justicia es lenta y desigual, la figura del abogado se desgasta frente a la sociedad.
Recuperar la confianza no se logra sólo con abogados honestos, se necesita un sistema que deje de ponerles obstáculos. El profesional no puede hacer su trabajo si el entorno no garantiza reglas claras. No basta con ser bueno, se necesita un sistema que permita serlo.