Opinión. Martes, 28 de Enero de 2025
En los últimos tiempos, hemos sido testigos de un fenómeno alarmante que está afectando a sectores vulnerables, especialmente a trabajadores de la seguridad privada: las prácticas abusivas de ciertas agencias de préstamos. Estas instituciones, amparadas en la excusa de recuperar deudas, han cruzado los límites legales y éticos, utilizando la violencia, el secuestro, el allanamiento ilegal y el embargo arbitrario de bienes como herramientas de intimidación.
Lo más preocupante de esta situación es que estas prácticas no solo son ilegales, sino que también violan los derechos fundamentales de las personas. Ninguna deuda, por legítima que sea, puede justificar la privación de libertad, la invasión del hogar o el uso de la fuerza como mecanismo de cobro. Estas acciones atentan contra el Estado de derecho, alimentando un clima de impunidad y desprotección.
Un caso emblemático es el de una agencia ubicada en la avenida 27 de Febrero, casi esquina Núñez de Cáceres, que ha sido señalada por guardianes privados como responsable de estas prácticas abusivas. Los testimonios revelan un patrón preocupante de violencia sistemática contra quienes tienen limitados recursos económicos y legales para defenderse.
Ante esta realidad, la sociedad no puede permanecer indiferente. Es responsabilidad de las autoridades investigar y actuar de manera contundente contra estas agencias, imponiendo las sanciones correspondientes y garantizando que no continúen operando bajo estas condiciones. Asimismo, los afectados deben recibir el apoyo legal necesario para enfrentar estas situaciones y proteger su dignidad.
Como ciudadanos, debemos unirnos para exigir que se respeten los derechos humanos y que el sistema judicial actúe con rapidez y firmeza. No podemos permitir que la violencia y el abuso sean normalizados como métodos
