Opinión. Viernes, 06 de Diciembre de 2024
La selección de beneficiarios de los bonos navideños del Gobierno ha sido controversial. La polémica se debe a que diversas figuras con niveles de ingresos medio-alto o alto, incluidos los últimos tres expresidentes de la República, aparecen como elegibles para recibir el subsidio. Una situación extraña, pues este subsidio debe estar destinado a personas en necesidad económica.
El Bono Navideño es un programa de transferencias monetarias no condicionada sin periodicidad definida. El beneficio es un subsidio de RD$1,500 a ser utilizado para el consumo de alimentos vía una tarjeta. Se llama “no condicionado” debido a que a los beneficiarios no se les exige realizar alguna tarea para recibir el importe: solo se necesita estar dentro de la matrícula de elegibles.
En programas que son condicionados, a los beneficiarios se les pide que cumplan determinadas tareas verificables para obtener el subsidio, como llevar sus hijos a la escuela de manera recurrente o llevar a consulta ginecológica a las mujeres embarazadas en su hogar. Un programa de transferencia monetaria no condicionada tiene elementos determinados como son la definición y cantidad de beneficiarios, entre otros.
En ese sentido, se esperaría que el subsidio tuviera criterios de selección estandarizados. En el caso actual, se sabe que serán distribuidos a tres millones de adultos, por un valor total de RD$4,500 millones. Esto representa un 41% de la población adulta dominicana. Una cifra notablemente elevada si se compara con las cifras oficiales de pobreza que indican que poco más de 2,036,000 dominicanos, incluyendo menores de edad, son pobres. Hay que recordar que mientras más personas se benefician de un programa social, más probable es que se incurra en el error de inclusión: darle el beneficio a aquellos que no se les debería dar. Lo anterior hace que el subsidio adquiera grados no deseados de regresividad.
Si se asume que se otorga 1.5 tarjetas por hogar seleccionado (permitiendo que un mismo hogar tenga más de una tarjeta), se estarían impactando dos millones de hogares y 6.3 millones de personas. Esto equivale a más de 58% de la población dominicana, una cifra muy alta. En comparación, en un reporte de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla que los programas de transferencias monetarias de 17 países de América Latina benefician un 26% de la población total de esas naciones en promedio (asumiendo que, si se hace una transferencia a una persona, todos los miembros de su hogar son beneficiados).
Es importante destacar que el país ha venido desarrollando la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) desde 2005. Parece que la misma no se utilizó para elegir los beneficiarios del bono en cuestión. Esta base de datos clasifica los hogares dependiendo de sus niveles estimados de riqueza a partir de métodos verificables. De esta forma, se tiene el llamado Índice de Calidad de Vida (ICV) que clasifica los hogares dominicanos y sus miembros en cuatro grupos, del 1 al 4. Así, un hogar con un ICV de grado 1 (ICV-I) tiene menor nivel de ingresos que uno de grado 4. Usando el criterio del ICV, se tienen 932,580 hogares con ICV-I e ICV-II, aquellos que tienden a estar compuestos por personas en condición de pobreza extrema o moderada, respectivamente. Si se considerase impactar cada uno de esos hogares con hasta dos bonos, solo se utilizarían 1,865,160 tarjetas.
Vistos estos datos, saldría más costo-eficiente reducir el número de beneficiarios, focalizar su distribución utilizando el ICV y aumentarles el monto. Por ejemplo, si el objetivo es beneficiar a los hogares en necesidad económica, se puede otorgar un bono por RD$3,000 por hogar utilizando el criterio de que pertenezcan al ICV-I o ICV-II. En este caso, el gasto del gobierno sería de solo RD$2,797.7 millones, lo que equivale a un ahorro de RD$1,702.3 millones. Además, se duplicaría el nivel de consumo de los hogares y se estaría otorgando el subsidio a aquellas familias que realmente lo necesitan. Una política social tan amplia se puede justificar económicamente por situaciones de emergencia, como la vivida con la pandemia del COVID-19.
