Opinión. Martes, 29 de Julio, 2025

Tenemos derecho a cuestionar, pedir explicaciones, no a difamar

---

La lucha contra la corrupción, el nepotismo y la malversación de fondos públicos ha sido una conquista forjada con el sacrificio de generaciones de dominicanos.

Derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución, garantizan a los ciudadanos la libertad de exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes administran los recursos públicos.

Sin embargo, un movimiento preocupante está tomando forma, una corriente “Pro-honra” que, bajo el pretexto de proteger el honor de los funcionarios públicos, amenaza con silenciar las voces críticas y frenar las denuncias legítimas, con carácter de seriedad y responsabilidad que tenemos como ciudadanos.

La línea entre la denuncia seria y la difamación es, sin duda, delicada y muy delgada.

Cualquier funcionario puede sentirse agraviado por críticas públicas y, en un intento de proteger su cargo y libertad, recurrir a acusaciones de injuria o difamación para intimidar a comunicadores, activistas y ciudadanos que señalan irregularidades.

Este escenario plantea un riesgo grave; que el temor a represalias legales silencie a quienes, en ejercicio de su derecho, buscan fiscalizar la gestión pública.

Si cedemos ante esta presión, corremos el peligro de retroceder en las conquistas democráticas logradas con tanto esfuerzo.

El honor de los funcionarios públicos debe respetarse, pero no puede convertirse en un escudo para evadir la rendición de cuentas.

Los dominicanos tenemos el derecho inalienable de saber cómo se invierten nuestros recursos, quiénes los administran y si lo hacen con integridad.

Un funcionario público no es un ciudadano cualquiera; al aceptar un cargo, asume la responsabilidad de manejar el dinero de todos y, por ende, debe estar sujeto a un escrutinio más exigente.

Saber si un administrador público lleva una vida coherente con su rol no es un acto de entremetimiento ni indiscreción, sino una necesidad para garantizar una gestión transparente.

¿Acaso no exigiríamos lo mismo de quien administra nuestros bienes en una empresa privada? ¿Por qué habría de ser diferente en el ámbito público?

Para denunciar no se necesitan pruebas, buscar indicios y pruebas es una función de las autoridades encargadas de la investigación, como Compras y Contrataciones Públicas, Contraloría de la República, Dirección de Ética Gubernamental y en caso de sometimientos, la Procuraduría General de la República.

Cuestionar no es difamar, pedir explicaciones claras, precisas y convincentes no es injuriar.

No estamos a favor de que todo el que tenga un micrófono o redes sociales comience a acusar a quien les venga en ganas, muchas veces para chantajear y solicitar favores.

Sin embargo, el rumbo actual es alarmante; si solo se permite hablar de los funcionarios para alabar su gestión, se abre la puerta a un sistema donde la opacidad y el abuso de poder prosperen sin oposición.

Es muy importante para la vida democrática de nuestra nación que protejamos el derecho a la denuncia responsable sin temor a represalias.

Las leyes deben castigar la difamación maliciosa, pero nunca convertirse en un arma para amedrentar a quienes, con buena fe, exponen irregularidades.

La justicia no puede convertirse en un instrumento de intimidación y chantaje.

Los ciudadanos estamos llamados a establecer un equilibrio entre el respeto al honor y el derecho a fiscalizar.

Que no se confunda la crítica con el agravio, ni el escrutinio con la calumnia.

Porque en el silencio forzado de las denuncias, con las respectivas amenazas de sometimientos por difamación, sería el caldo de cultivo para que la corrupción encuentra su mejor aliado.

Y eso, no podemos permitirlo.