07 de Septiembre, 2025
Opinión. Viernes, 05 de Septiembre, 2025
El reciente pronunciamiento del Regidor José Antonio Ramírez (Nacho), en el que arremete contra la designación de la señora Julissa Burgos como Coordinadora o Directora de Planeamiento Urbano en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, ha traído nuevamente a la palestra pública un hecho que, aunque se pretende hacer ver como reciente, fue debidamente denunciado desde hace meses.
Es preciso recordar que el 4 de mayo y el 6 de junio del 2024, desde la presidencia del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Delegación Provincial de Santo Domingo, denunciamos formalmente la violación flagrante de la Ley No. 6232 sobre Planeamiento Urbano, al ser nombrada una profesional de la contaduría para una función técnica que, por disposición expresa de la ley, debe ser desempeñada por un profesional del área de la ingeniería, arquitectura o agrimensura.
Esta designación, ejecutada por el actual Alcalde Pastor Dio Astacio, no solo quebranta el marco legal que rige la planificación urbana, sino que constituye una aberración institucional que pone en riesgo la integridad técnica de los procesos de ordenamiento territorial en el municipio más poblado del país.
Lo más alarmante de este caso no es solo la designación ilegal, sino la actitud omisiva y cómplice tanto del Alcalde como del Concejo de Regidores en pleno. Ni los regidores oficialistas ni los de oposición mostraron el mínimo interés en corregir esta situación. Por el contrario, algunos sectores de la oposición, que deberían ejercer un rol de fiscalización y contrapeso, han preferido cerrar los ojos y hacer causa común con el ejecutivo municipal, sacrificando la institucionalidad a cambio de beneficios políticos o personales.
Hoy, cuando el regidor Nacho levanta la voz, muchos lo celebran como un acto de valentía. Pero esa valentía llegó tarde. La denuncia fue hecha con claridad y responsabilidad por este servidor desde el CODIA, con base legal, técnica y moral, sin que se tomara una sola acción correctiva.
Es legítimo preguntarse: ¿por qué el Concejo de Regidores permitió este atropello? ¿Cómo se justifica que una contadora esté al frente del área de planeamiento urbano sin tener la formación ni las competencias exigidas por ley?
Las respuestas solo pueden encontrarse en los intereses creados, el clientelismo político y la falta de respeto a las normativas que rigen el ejercicio técnico en la administración pública.
Instamos a los organismos de control, como la Cámara de Cuentas, el Ministerio de Administración Pública (MAP), y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, a que investiguen esta designación y exijan su inmediata revocación. Asimismo, hacemos un llamado a los colegios profesionales a mantenerse vigilantes y a no permitir que se sigan usurpando funciones técnicas por criterios políticos.
La planificación urbana no es un tema menor. Afecta la calidad de vida de millones de ciudadanos. No puede dejarse en manos inexpertas.
Hoy el tiempo nos da la razón. Pero no basta con tenerla: hay que actuar con firmeza.
