Opinión. Viernes, 06 de Marzo, 2026

En una jornada que quedará marcada como un monumento a la regresión democrática, el Senado de la República Dominicana ha decidido, con una ligereza que raya en la insolencia, aprobar en primera lectura la eliminación de las candidaturas independientes. La medida no es solo un error político; es una bofetada jurídica que revela una verdad aterradora: nuestros legisladores, encargados de crear las leyes que rigen la nación, parecen desconocer —o peor aún, despreciar— la Carta Magna que juraron defender.

Al derogar los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 20-23 de Régimen Electoral, el Congreso está intentando erigir un muro de contención contra el ciudadano común, blindando un sistema de partidos que, lejos de renovarse, busca el monopolio absoluto del poder.

La Constitución dominicana no es una sugerencia; es un mandato. El Artículo 22 establece de forma diáfana el derecho de todo ciudadano a «elegir y ser elegible». Este derecho fundamental al sufragio pasivo no está condicionado en la Ley Suprema a la pertenencia a una estructura partidaria. Al obligar a cualquier aspirante a someterse al yugo de un partido político para poder aparecer en una boleta, el Senado está mutilando un derecho constitucional de primer orden.

Es una ironía trágica que aquellos que ocupan una curul gracias al voto popular, utilicen ese mismo poder para cercenar las opciones de sus representados. Si el derecho a ser elegido se limita exclusivamente a quienes logren el «visto bueno» de las cúpulas partidarias, la democracia dominicana deja de ser una participación de ciudadanos para convertirse en un club privado de intereses creados.

Los argumentos esgrimidos en el hemiciclo para justificar esta aberración son, en el mejor de los casos, pueriles. Hablar de «evitar el desorden en la boleta» o «fortalecer el sistema de partidos» como excusas para eliminar la competencia independiente es admitir una incapacidad legislativa para regular con inteligencia.

Nuestros legisladores parecen olvidar —o quizás nunca lo supieron— que el Tribunal Constitucional ha sido enfático en la protección de los derechos fundamentales. Intentar borrar de un plumazo la figura del candidato independiente no solo es inconstitucional, sino que es un enfrentamiento directo contra la jurisprudencia que busca una democracia más plural.

¿A qué le temen nuestros legisladores? La respuesta es obvia: le temen a la desafección política de una ciudadanía que ya no se siente representada por colores tradicionales. En un país donde más del 55% de la población no simpatiza con ningún partido, cerrar las vías independientes es una declaración de guerra al pluralismo.

Es una señal de debilidad institucional que, en lugar de seducir al electorado con propuestas y transparencia, los partidos políticos opten por la vía de la prohibición. Están transformando el sistema electoral en una camisa de fuerza.

Si esta pieza legislativa logra sortear la segunda lectura y la Cámara de Diputados, no solo estaremos ante un retroceso histórico, sino ante una crisis de legitimidad. Un legislador que desconoce el espíritu de la Constitución de su país no es un servidor público; es un obstáculo para el progreso nacional.
La democracia no le pertenece a los partidos; le pertenece al pueblo dominicano. Y el pueblo tiene el derecho inalienable de elegir a sus representantes, con o sin el sello de una organización política. Es hora de que el Congreso lea la Constitución que tiene sobre sus escritorios, antes de que sea el Tribunal Constitucional —o la historia— quien les recuerde su irremediable falta de rigor.