Opinión. Viernes, 17 de Enero de 2025
Celso Marranzini anunció recientemente que se implementarán apagones programados de manera transitoria en las zonas donde las pérdidas eléctricas superen el 50% debido al robo de energía. Según su declaración, el propósito de esta medida es regularizar a los usuarios que reciben electricidad sin conexión legal y optimizar las redes de distribución para garantizar un servicio más estable. Sin embargo, esta decisión, aunque bien intencionada, presenta graves implicaciones para los ciudadanos que sí pagan regularmente por el servicio.
Uno de los puntos más preocupantes de esta medida es que penaliza a los consumidores responsables, colocándolos en la misma categoría que los que se roban la luz. Marranzini afirmó que los apagones programados tendrán una duración aproximada de tres horas, pero en zonas como Los Tres Brazos, los cortes se extienden por más de cuatro horas. Esto evidencia una desconexión entre el discurso y la realidad que enfrentan los ciudadanos afectados.
Aunque Marranzini señalo que la duración de la medida se mantendrá hasta que los circuitos mejoren, no existe una fecha precisa, ya que esta depende de que los ladrones de luz regularicen su situación. Dejando a los consumidores responsables en un limbo, sin garantías de un servicio digno, mientras continúan pagando por el suministro eléctrico.
De acuerdo con el ejecutivo, el fraude eléctrico cuesta al Estado 800 millones de dólares al año, lo que representa una carga significativa para el presupuesto nacional. Sin embargo, este déficit es cubierto, por los mismos contribuyentes. La medida de castigar a quienes cumplen con el pago de su factura solo generará descontento y podría desincentivar el cumplimiento. ¿Por qué los ciudadanos debemos seguir pagando si somos tratados igual que quienes no lo hacen? Estas acciones del gobierno solo provocaran que más personas dejen de pagar.
Otra de las propuestas mencionadas por Marranzini es la implementación de un sistema automático de corte y reconexión para los usuarios que no paguen. Y aquí otra pregunta lógica: ¿por qué no esperar a que dicho sistema esté en funcionamiento antes de penalizar a los consumidores responsables?
Asimismo, justifica este plan apelando a la colaboración y al compromiso, pero no resulta convincente cuando se meten en el mismo saco a quienes cumplen con sus obligaciones y a quienes las incumplen.
Tras las críticas generadas por esta medida, Marranzini aseguró que se instalarán dispositivos para proteger a los usuarios que pagan, separándolos de los que no lo hacen. No obstante, los cortes ya están afectando con 4 a 5 horas de apagones en las costillas de los consumidores responsables, lo cual es un abuso injustificable. La idea de que los usuarios ilegales contratarán el servicio bajo estas condiciones carece de sentido, ya que no existe un incentivo real para hacerlo si quienes pagan también son castigados.
Es evidente que resolver el problema de los 800 mil usuarios que no pagan electricidad es prioritario, pero no a costa de quienes sí lo hacen.
El Gobierno envía un mensaje de que, en República Dominicana, no basta con pagar puntualmente la electricidad para evitar los apagones; los ciudadanos deben tener inversores y buscar sectores donde los circuitos no generen pérdidas al Gobierno. La estrategia planteada por Marranzini no solo carece de lógica, sino que atenta contra el esfuerzo de los consumidores responsables castigando a justos por pecadores.
