Opinión. Viernes, 12 de Septiembre, 2025

Luis Abinader saldrá del poder con las manos manchadas de sangre. El país atraviesa una crisis que va más allá de los apagones que oscurecen nuestras noches.

Una sombra aún más densa se cierne sobre los sectores populares; la violencia desmedida de la Policía Nacional, bautizada con justeza por muchos como la «Policía Asesina Nacional» (PAN).

Esta institución, que debería proteger la vida y garantizar la seguridad, se ha convertido en un verdugo implacable de jóvenes humildes, cuyos destinos son sentenciados sin juicio, sin debido proceso y, en muchos casos, sin pruebas.

Es innegable que entre las víctimas hay delincuentes consumados, cuya reincidencia los hace merecedores de prisión y procesos legales justos.

Pero también hay jóvenes que, por un error, podrían ser reinsertados a la sociedad con oportunidades reales de redención.

Y, más desgarrador aún, están los inocentes; aquellos que, por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada o por encajar en el vago y prejuicioso «perfil sospechoso», terminan siendo blanco de balas policiales.

La PAN no distingue, no investiga, no respeta.

Todavía esperamos el informe de los 4 miembros de la DNCD atrapados vivos y asesinados, o el joven que presenciamos en un video en Baní, ahora en Santiago asesinaron 5 jóvenes, entre ellos un prestamista y un barbero, sin historial ni orden de arresto.

Luis Abinader saldrá del poder con las manos manchadas de sangre.

Tras el estruendo de los disparos, la escena se manipula; recogen las cámaras de seguridad del perímetro para borrar cualquier evidencia de su crimen, y luego, con cinismo, declaran que las víctimas eran «delincuentes peligrosamente armados» responsables de asaltos y atracos.

El guión es siempre el mismo.

Es un relato tan repetitivo que ya no convence, pero sí sigue dejando barriles de sangre y miles de familias destrozadas, llorando a sus hijos en un luto que no encuentra justicia.

El presidente Luis Abinader tuvo en sus manos una oportunidad histórica para abordar esta crisis al reformar la Constitución.

Pudo haber enfrentado con valentía la hipocresía de un sistema que se autoproclama «Estado social y democrático de derecho» mientras permite ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, optó por el silencio y la justificación, permitiendo que la impunidad reine.

Faride Raful, figura prominente de su gobierno, no se queda atrás: su apoyo a estas prácticas ya sea por acción u omisión, la hace cómplice de este ciclo de asesinatos a sangre fría y a jóvenes desarmados.

No podemos seguir normalizando que la Policía actúe como juez, jurado y verdugo.

La emergencia no es sólo energética; es moral, social y humana.

Necesitamos una reforma profunda de la Policía Nacional, una que priorice la capacitación, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.

Tenemos urgencia de un Ministerio Público que no permita que los asesinatos se encubren con historias prefabricadas.

El país no puede seguir siendo un cementerio de sueños para los jóvenes de los barrios.

Debemos alzar la voz, exigir justicia y declarar una verdadera emergencia nacional que ponga fin a esta tragedia.

Porque mientras la policía Asesina Nacional (PAN) siga disparando sin piedad, no habrá democracia, no habrá paz, y no habrá futuro para los que más necesitan.