Opinión. Lunes, 04 de Agosto, 2025

Existe un consenso social cada vez más amplio e irrefutable: la Policía Nacional, bajo la dirección del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, ha sido —con diferencia— la más atropellante, arbitraria, negligente y deshumanizada de la última década. No solo se trata de una institución dispuesta a ejercer la violencia física y luego “dejar eso así”, sino que también ha evolucionado hacia una peligrosa maquinaria de asesinato moral, destinada a destruir la dignidad y la honra de sus propias víctimas, tantas veces como sea necesario.

La ineptitud ya no es el límite. Esta Policía ha optado por convertirse también en un aparato de sicariato moral, especializado en desmoralizar al ciudadano, en lugar de protegerlo.

El caso del periodista Edward Ramírez es hoy blanco de los sicarios mediáticos del oficialismo porque revela, de forma desnuda, tres verdades institucionalmente incómodas:
http://1.La tan anunciada interconexión entre destacamentos policiales no existe.
http://2.La reforma policial vive solo en los titulares, no en la realidad cotidiana del país.
3.El fideicomiso policial, vendido como solución estructural, no ha dado resultados funcionales ni tangibles.

Pero conviene recordar que esta no es una práctica aislada. Es, de hecho, un patrón de conducta del cuerpo policial y del Ministerio de Interior y Policía. Ya lo vimos con el joven Dawry David Santana, propietario de una barbería, a quien falsamente acusaron de generar ruido y vender bebidas alcohólicas fuera del horario permitido. El intento era claro: construirle un expediente. Sin embargo, la presión pública y la acción de la prensa impidieron el abuso. Aquello terminó con la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ofreciendo disculpas públicas. El modus operandi es el mismo: atropello, difamación y chantaje institucional.

Hoy, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía no pueden explicar cómo “buscaban” a una persona que ya tenían bajo custodia durante más de 36 horas. Es, sencillamente, un insulto a la inteligencia ciudadana. Se les cayó el libreto de la supuesta interconexión de sistemas, que evidentemente es una ficción mal vendida.

Otro caso aún más estremecedor y que permanece impune es el del joven mecánico Elvis Martínez, asesinado en San Antonio de Guerra mientras se encontraba esposado y bajo custodia policial. La escena, por sí sola, retrata el nivel de barbarie institucional: un ciudadano desarmado, detenido, neutralizado, y aun así ejecutado. Hasta la fecha, no existe ninguna respuesta oficial clara ni proceso judicial en curso que permita esclarecer el crimen. La única reacción de la Policía Nacional fue justificar el asesinato alegando que el joven tenía una “supuesta orden de arresto”. ¿Desde cuándo una orden de arresto justifica una ejecución extrajudicial? ¿Dónde están los responsables? ¿Dónde está la justicia para la familia de Elvis Martínez? Este caso es una herida abierta en el alma nacional y un símbolo trágico de cómo opera la impunidad policial.

Y como no tienen forma de justificar la detención irregular de un ciudadano sin antecedentes penales ni implicación en hechos reñidos con la ley —como él mismo afirmó en un video público—, ahora intentan cambiar el foco de atención. ¿Cómo? Acudiendo a las más bajas y ruines prácticas de difamación: esparciendo rumores miserables sobre la vida íntima de Edward Ramírez. Con ello buscan escabullirse en el morbo y la especulación para evitar rendir cuentas sobre la privación de libertad de un ciudadano que jamás debió estar en una celda.

A todo esto se suma lo más grave: el chantaje. Hay una clara operación para construir matrices de opinión subterráneas, presionando a periodistas y comunicadores para que dejen de cuestionar públicamente a la Policía Nacional, so pena de que esta revele, según su versión, las circunstancias “en que fue encontrado” Edward Ramírez. La intención es silenciar a quienes exigen respuestas.