Opinión. Jueves, 16 de Octubre, 2025

En un país donde la inseguridad golpea a diario al ciudadano común, resulta indignante que los congresistas cuenten con protección policial y militar pagada con los impuestos del pueblo. ¿Por qué quienes legislan para todos disfrutan de privilegios que la mayoría jamás podría tener?

La función de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es proteger a la ciudadanía, no servir como escoltas personales de políticos. Cada agente asignado a un congresista es un uniformado menos en las calles, un recurso público que deja de velar por la seguridad de la gente trabajadora, de los barrios, de los campos, de las comunidades olvidadas.

Si un congresista considera que su labor implica riesgo —como lo puede ser la de un juez, un periodista o un empresario—, que contrate su propia seguridad privada, como lo hace cualquier otro ciudadano que tiene la capacidad económica para hacerlo. No es justo que, mientras los hospitales carecen de insumos y las escuelas luchan por recursos, se mantengan escoltas oficiales para proteger los privilegios de unos pocos.

El verdadero liderazgo se demuestra con el ejemplo. Quien aspire a servir al pueblo debe caminar entre el pueblo, no esconderse tras un muro de armas y sirenas costeadas por el mismo pueblo al que dice representar.

Ya es hora de que la seguridad pública vuelva a ser eso: pública, no un privilegio de quienes legislan para su propio beneficio.