Opinión. Sábado, 29 de Noviembre, 2025

El 28 de noviembre de 2025, la Justicia dominicana acaba de enviar un mensaje devastador a la sociedad; las decisiones del Tribunal Constitucional no valen absolutamente nada.

Fernando Buitrago, el comunicador que se atrevió a criticar al alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, fue condenado a seis meses de prisión (suspendida) y al pago de dos millones de pesos de indemnización.

Seis meses de prisión por ejercer la libertad de expresión, en pleno 2025 y en un país que presume vivir en democracia.

Lo más grave no es la condena en sí, sino que esta sentencia escupe directamente sobre la sentencia TC/0075/16 del Tribunal Constitucional, que en 2016 despenalizó de manera clara y rotunda la difamación e injuria contra funcionarios públicos cuando se trata de críticas relacionadas con su gestión.

El Tribunal Constitucional fue tajante; Los funcionarios deben tolerar un mayor grado de escrutinio, y solo expresiones falsas y maliciosas podrían limitarse, pero no mediante sanciones penales desproporcionadas.

Los funcionarios públicos deben soportar un mayor nivel de crítica que los ciudadanos comunes, y que, en caso de colisión entre el derecho al honor y la libertad de expresión, debe prevalecer esta última cuando se trata de figuras públicas.

El Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0075/16 expresa que sancionar con prisión la difamación a un funcionario público violaría el artículo 49 de la Constitución (libertad de expresión sin censura previa) y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), incorporada al bloque de constitucionalidad.

El razonamiento enfatiza que tales penas generan un «efecto inhibidor» sobre el debate público, desproporcionado en una sociedad democrática donde los funcionarios deben tolerar un mayor escrutinio (umbral diferenciado de protección).

¿Y qué hizo la Magistrada Jueza de la primera sala de la provincia Santo Domingo? Exactamente lo contrario.

Ignoro olímpicamente al máximo intérprete de la Constitución.

Es decir, le dijo al Tribunal Constitucional: “Tus sentencias son opcionales, nosotros hacemos lo que nos da la gana”.

Esto no es un simple error judicial sino es un acto de rebelión institucional.

Es decirle al país que en República Dominicana hay jueces que se creen por encima de la Constitución y del propio Tribunal Constitucional.

Es un mensaje que asusta; “aquí mandamos nosotros, no la ley”.

El efecto inhibidor es inmediato y brutal.

¿Qué periodista, qué comunicador, qué ciudadano común se va a atrever ahora a denunciar actos de corrupción o posibles irregularidades de un alcalde, un diputado, un ministro, sabiendo que puede terminar condenado a prisión y pagando millones de pesos?

Esto no es justicia: esto es censura penal disfrazada de protección al honor.

Es la creación de un clima de miedo colectivo donde la crítica al poder se convierte en un delito de alto riesgo.

Y no es que el Tribunal Constitucional se haya inventado esta doctrina.

Está plenamente alineada con los estándares internacionales más avanzados.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clarísima en casos como Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Kimel vs. Argentina y Granier vs. Bolivia: los delitos de opinión contra funcionarios públicos deben ser despenalizados, y en todo caso, la sanción nunca puede ser la prisión. Nunca.

Porque la prisión por opinar es propia de dictaduras, no de democracias.

Pero aquí estamos en 2025 condenando a comunicadores a prisión por criticar a un alcalde.

Mientras el mundo avanza hacia la eliminación total de las sanciones penales por delitos de expresión, nosotros retrocedemos a los tiempos de la mordaza.

Lo más triste es que esta sentencia no solo afecta a Fernando Buitrago. Nos afecta a todos.

Cada vez que un juez decide ignorar al Tribunal Constitucional, se debilita todo el sistema democrático.

Se le dice a la población: “la Constitución es papel mojado, aquí mandan los poderosos y sus jueces amigos”.

Si el Tribunal Constitucional no reacciona con firmeza ante este desacato flagrante, perderá toda autoridad moral y jurídica.

Y si los colegios de abogados, las asociaciones de periodistas y la sociedad civil no salen a las calles a defender la Constitución, entonces habremos perdido algo mucho más importante que un caso judicial, habremos perdido la República.

Porque una cosa debe quedar clara y es que cuando un juez condena a alguien por criticar a un funcionario público, ignorando deliberadamente la sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, ese juez no está aplicando la ley.