Opinión. Jueves, 22 de Mayo, 2025

En la República Dominicana, los motoristas han dejado de ser simplemente una parte del paisaje urbano para convertirse, lamentablemente, en un símbolo del caos vial que nos arropa. No se trata de una exageración ni de un juicio superficial. Quienes transitan a diario por las calles del país saben que muchos motoristas se comportan como si las leyes de tránsito no les aplicaran: invaden carriles, ignoran semáforos, circulan por las aceras y convierten las intersecciones en zonas de alto riesgo.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) parece no dar abasto. La falta de agentes en puntos clave de las ciudades deja un vacío que es aprovechado por conductores sin licencia ni formación vial. Y no se puede obviar el trasfondo institucional: tanto las autoridades pasadas como las actuales han sido ineficientes. Mucho discurso, poca acción. La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial parece más un ideal que una realidad aplicable.

Las cifras hablan por sí solas. Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al mes de marzo de 2025 en el país circulaban 3,587,028 motocicletas. Sin embargo, de acuerdo al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), solo 10,827 personas tienen licencia para conducir motocicletas (categoría 1). En otras palabras, apenas el 0.3 % de los motociclistas cuentan con el permiso legal necesario. El resto simplemente toma las calles, sin control ni regulación efectiva.

¿Cómo se puede pretender ordenar el tránsito si el Estado ha permitido que prolifere este modelo de transporte sin ningún tipo de supervisión ni planificación? Mientras tanto, las consecuencias están a la vista: accidentes diarios, muertes trágicas, familias destruidas y una ciudadanía que ha normalizado el desorden.

Este no es un ataque a quienes dependen de una motocicleta para ganarse la vida, sino una denuncia sobre cómo la dejadez institucional ha permitido que se normalice lo anormal. La motocicleta, mal utilizada y fuera de control, se ha convertido en un vehículo de riesgo.

El problema es grave, estructural y creciente. Y si el Estado no actúa con urgencia, lo que hoy vemos como un mal, mañana será irreversible. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que la ley se quede en el papel, mientras las calles se transforman en un campo de batalla?