Opinión. Jueves, 15 de Mayo, 2025

En lo que va de año, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha anunciado en dos ocasiones el cierre del puente Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el puente de la 17, con la finalidad de intervenir la infraestructura. La medida incluye la restricción al tránsito de vehículos pesados, pero en la práctica, esta disposición ha sido ignorada por buena parte de los conductores. Y mientras tanto, el puente sigue deteriorándose, sin un plan claro que permita entender si su recuperación será parcial, completa o simplemente una acción cosmética más.

Si bien es cierto que técnicos del MOPC han asegurado que las fallas estructurales no representan un riesgo inmediato para la ciudadanía, tampoco se puede obviar que la situación actual del puente no es óptima. Hay una diferencia significativa entre «no representa un peligro inminente» y «está en buenas condiciones». Y es justamente en ese terreno ambiguo donde parecen moverse las autoridades: reconociendo problemas, pero sin asumir responsabilidades concretas ni ofrecer soluciones sostenibles.

Más allá de la estructura metálica, transitar por el puente de la 17 es una experiencia que raya en lo indignante. La calidad del pavimento es deficiente, con baches que han sido rellenados precariamente con asfalto, provocando desniveles peligrosos que afectan tanto la conducción como la seguridad. Lo lógico sería que el puente completo fuese asfaltado, con una intervención integral, pero en su lugar vemos parches improvisados que más que resolver, prolongan el deterioro.

Recientemente, la avenida Padre Castellanos fue asfaltada en el tramo entre Yolanda Guzmán y la calle Antonio Guzmán, con nueva señalización que da una imagen de modernización. Pero ese esfuerzo se detiene abruptamente justo donde más se necesita: el tramo frente a la estación Eduardo Brito y el propio puente de la 17 parecen haber quedado fuera del radar del Ministerio. La oscuridad en las noches, la ausencia de señalización adecuada y la sensación de abandono convierten ese trayecto en una ruta hostil.

El problema, por tanto, no es solo técnico, sino también simbólico: el puente de la 17 se ha convertido en una metáfora del descuido urbano, de la desarticulación institucional y de una ciudadanía que, día tras día, debe resignarse a circular por infraestructuras mal mantenidas, mientras las autoridades anuncian planes que raramente se materializan con coherencia.

La situación del puente de la 17 no es un caso aislado. El puente General Gregorio Luperón, que conecta Sabana Perdida con el Santo Domingo Este, presenta condiciones similares. La falta de iluminación y señalización, sumada a la presencia de baches en el carril sur-norte, dificulta el tránsito vehicular, especialmente durante la noche. A pesar de la existencia de un proyecto de ley en el Congreso Nacional para la construcción de un puente gemelo que alivie la congestión vehicular, los avances en este sentido han sido escasos.

Por su parte, el puente Ozama, ubicado en la avenida Charles de Gaulle, muestra un deterioro evidente. Los baches son numerosos y la falta de señalización adecuada agrava la situación. La avenida Charles de Gaulle, en las inmediaciones de establecimientos comerciales como La Sirena, en donde la avenida se convierte en una especie de rio Ozama y tan solos unos pocos metros después del supermercado Olé, presenta tramos con asfalto incompleto y hoyos en el centro de la avenida que contribuyen a la formación de largos tapones, afectando la fluidez del tránsito y la seguridad de los conductores.

Estas condiciones no solo representan un riesgo para la integridad física de los ciudadanos, sino que también tienen implicaciones en la salud mental y la calidad de vida de quienes transitan diariamente por estas vías. La exposición constante a embotellamientos, la contaminación ambiental derivada del monóxido de carbono y la sensación de inseguridad al transitar por infraestructuras en mal estado son factores que afectan el bienestar de la población.

Es imperativo que las autoridades adopten un enfoque proactivo y sostenible en el mantenimiento y mejora de la infraestructura vial. La planificación a largo plazo, la asignación adecuada de recursos y la supervisión efectiva de las obras son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La infraestructura no debe ser atendida únicamente cuando alcanza niveles críticos de deterioro; requiere de una atención constante y comprometida por parte de las instituciones responsables.