Opinión. Lunes, 08 de Diciembre, 2025

Han pasado ocho meses desde aquella trágica noche que tiñó de luto a toda la República Dominicana y aún el país continúa sin respuestas claras, precisas, ni concluyentes sobre lo sucedido en el Caso Jet Set. Lo que inició como un episodio estremecedor que prometía una rápida acción institucional se ha ido transformando en un ejemplo doloroso de lentitud, opacidad y falta de resultados. La sociedad dominicana, una vez más, observa cómo el tiempo avanza mientras la verdad parece quedar atrapada entre expedientes inconclusos y silencios oficiales.

Cada día que pasa sin avances concretos erosiona un poco más la confianza de los ciudadanos en las autoridades llamadas a esclarecer la tragedia. La búsqueda de justicia no puede convertirse en un proceso interminable ni en una carrera de resistencia emocional para las familias afectadas. El Estado tiene la obligación moral y legal de ofrecer explicaciones, identificar responsabilidades y presentar un informe transparente que permita comprender qué falló y quiénes fallaron.

La ausencia de información creíble ha permitido que surjan especulaciones, versiones encontradas y un clima general de incertidumbre. En un caso de esta naturaleza, donde la dimensión humana y social es tan profunda, el silencio institucional no solo perjudica la investigación, sino que termina generando un vacío que la rumorología y la desconfianza llenan con facilidad. La transparencia no es un gesto opcional: es un deber ineludible.

La República Dominicana no puede normalizar que tragedias que conmocionan a toda la nación terminen diluyéndose entre la burocracia o el olvido. Caso Jet Set no es únicamente un expediente penal; representa un reclamo colectivo de responsabilidad, eficiencia y compromiso con la verdad. Cuando el sistema no responde, el mensaje que se envía es que cualquier familia podría quedar atrapada en el mismo laberinto de incertidumbre.

Hoy, ocho meses después, el país no pide milagros, pide respuestas, pide justicia, pide que la institucionalidad demuestre que la vida y la seguridad de sus ciudadanos no son desechables ni negociables. En honor a las víctimas, a sus seres queridos y a la confianza que debe sostener una democracia, es urgente que las autoridades rompan el silencio, rindan cuentas y conduzcan este caso hacia una resolución digna y transparente. Porque una nación que no es capaz de esclarecer su dolor está condenada a repetirlo.