Opinión. Miercoles, 25 de Febrero, 2026

Desde el primer día de la administración de Dío Astacio, los procesos de compras, donaciones y contrataciones se han manejado bajo un manto de discreción que inevitablemente genera suspicacias. Tal vez todo esté en orden. Pero en estos tiempos, quien administra dinero público no solo debe actuar con corrección: debe hacerlo con transparencia, sin dejar espacio a dudas razonables.

Los munícipes de Santo Domingo Este perciben una preocupante sensación de indefensión frente a una gestión que aparenta operar sin contrapesos efectivos. El Concejo de Regidores luce excesivamente complaciente y el ayuntamiento ni siquiera cuenta con un contralor municipal designado mediante concurso, como manda la buena práctica institucional.

No se conoce con claridad cuánto se ha destinado a la promoción de la denominada “marca ciudad”. En la ejecución presupuestaria de 2025, varios renglones de inversión figuran con ejecución cero, lo que plantea interrogantes legítimas sobre la planificación y el uso de los recursos. A ello se suma la denuncia, formulada por un reconocido comunicador en un programa radial de amplia audiencia, sobre un proceso de compra en el que habrían participado funcionarios del propio ayuntamiento, un señalamiento de extrema gravedad ante el cual el PEPCA guardó silencio.

Más inquietante aún resulta la denuncia de que la alcaldía removió al oficial de cumplimiento encargado de supervisar los procesos internos. Si ello es cierto, la decisión debió generar una inmediata reacción del Concejo de Regidores. No ocurrió.

La opacidad en la gestión municipal de Santo Domingo Este debería activar los mecanismos de control del Estado. La ausencia de un contralor municipal nombrado por concurso y el manejo de la Dirección de Planeamiento Urbano son asuntos que ameritan una revisión exhaustiva por parte de los órganos competentes y del propio Concejo.

No existen, hasta el momento, elementos concluyentes para afirmar un uso indebido de los fondos públicos. Precisamente porque no hay información clara. Y esa es, en sí misma, la raíz del problema. La transparencia no es una concesión graciosa del poder: es una obligación frente al ciudadano.

En este panorama, los funcionarios cercanos al presidente Luis Abinader harían bien en advertir que cualquier asignación extraordinaria de recursos a esa alcaldía debería estar precedida de una evaluación rigurosa del manejo financiero y administrativo. La prudencia aconseja distancia hasta que se esclarezcan, con datos verificables, el incremento de la nómina por concepto de servicios prestados y los procesos de compras cuestionados.

La confianza pública se construye con claridad. Y cuando la claridad falta, la fiscalización deja de ser una opción para convertirse en una necesidad democrática.