Opinión. Jueves, 20 de Noviembre, 2025

La reciente autorización para que miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas mantengan relaciones sentimentales con personas de su mismo sexo sin recibir sanciones disciplinares ha generado un debate profundo y legítimo dentro de la sociedad dominicana.

Entiendo que esta decisión plantea interrogantes importantes sobre la convivencia interna, la disciplina castrense y la coherencia con los valores tradicionales que históricamente han guiado a los cuerpos uniformados en el país.

No se trata de negar la dignidad humana de ningún ciudadano, incluyendo a quienes sirven en las filas militares y policiales, sino de reconocer que estas instituciones operan bajo normas especiales, diseñadas para asegurar cohesión, jerarquía y cumplimiento estricto del deber. Cualquier cambio que toque la estructura moral o disciplinaria debe introducirse con prudencia y con plena evaluación de sus consecuencias.

Las Fuerzas Armadas y la Policía no son simples espacios laborales; son organismos cuya fortaleza depende, en gran parte, de códigos compartidos y prácticas que eviten situaciones que puedan afectar la autoridad o la unidad interna.

Considero que la flexibilización de las restricciones podría abrir la puerta a conflictos de intereses, favoritismos, tensiones interpersonales y desafíos para los mandos responsables de mantener el orden interno. Por ello, más que celebrar el cambio como un progreso automático, es necesario exigir protocolos claros, salvaguardas institucionales y un análisis profundo sobre cómo garantizar que estas nuevas libertades no comprometan la disciplina que es esencial para el funcionamiento operativo.

En un país donde los valores familiares y la tradición tienen un peso considerable, las reformas en instituciones tan sensibles deben implementarse con respeto a la cultura social y sin perder de vista que la misión principal de los cuerpos uniformados es velar por la seguridad y la estabilidad nacional. Modernizar no debe significar desarraigar; y cualquier avance debe equilibrar derechos individuales con la responsabilidad institucional que define a quienes portan el uniforme.