Opinión. Lunes, 19 de Enero, 2026

Por iniciativas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), a través del ex alcalde y actual senador de San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, el Senado de la República aprobó un proyecto de ley que, indudablemente, induce a malas prácticas municipales de las alcaldías.

Dicho proyecto ya fue recibido en la Cámara de Diputados y podría ser conocido en la próxima legislatura, razón por la cual llamamos la atención a los legisladores de la oposición (FP, PLD, PRD) y a las organizaciones de la sociedad civil, en especial a las vinculadas a temas comunitarios y municipales acerca de los malsanos propósitos de ese proyecto de ley.

Ya en el presupuesto nacional de 2024, el PRM modificó, sigilosamente, el Art. 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, cuando se dispuso un 30 % en lugar del 25 % “para gastos de personal” en los ayuntamientos.

El populismo y clientelismo políticos de los perremeistas es la principal causa que les impulsa a “manejar a discreción del ejecutivo de las alcaldías los recursos económicos y humanos de los ayuntamientos” exclusivo propósito del nuevo intento de modificar los topes establecidos en el Art. 21 de la Ley 176-07. Veamos:

La vigente ley, en su Art. 21, establece, taxativamente, la distribución o límites en su composición para la ejecución de los presupuestos municipales en: “25% para gastos de personal (ya aumentado a 30%), 31 % para funcionamiento y mantenimiento de servicios, al menos un 40 % para obras de infraestructura y un 4 % para programas educativos, de género y salud.”

El párrafo IV del Art. 21 también dispone que: “La violación de este artículo será sancionado con penas de 3 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de 5 a 20 salarios mínimos, así como también la inhabilitación para el servicio público”.

No obstante, esa expresa disposición, la mayoría de las alcaldías la están violentando porque, en la implementación de los presupuestos, están gastando muchos más del 30 % en nóminas y nominillas en detrimento de la cantidad y calidad de los servicios y en disminución de las obras de infraestructura que necesitan los municipios y que, por ley, son de sus competencias.

Esta recurrente y flagrante violación de los topes de la vigente ley no se denuncia por “deficiencia en las fiscalizaciones” y complicidad política de los regidores con los alcaldes.

Con este nuevo proyecto de ley, el PRM pretende que las alcaldías, en lugar de un 30 % pasen a la “administración discrecional del 70 %, en gastos corrientes (nóminas, combustible, papelería, viáticos, etc), 5 % en educación, género y salud y un pírrico 25 % para “obras de infraestructura”. ¡Qué barbaridad!

Naturalmente, ese vulgar estímulo a las malas prácticas municipales no tendrá sanción penal por la violación de los límites del presupuesto porque el proyecto también establece “solo sanciones administrativas.” ¡Manos libres para el despilfarro!

La aprobación del leonino proyecto de ley perremeista significará: a) Entierro de la transparencia y mayor opacidad en la administración de recursos humanos y económicos de los gobiernos municipales. b) Incentivo al populismo y clientelismo políticos para las alcaldías. c) Facilitará el aumento de la corrupción y la impunidad.

También d) significará un evidente retroceso en las competencias de los gobiernos municipales que deben crear condiciones objetivas y subjetivas para aumentar la calidad de vida y el bien común en sus respectivas demarcaciones, para lo cual, explícitamente, en el Art. 19 de la Ley 176-07, se dispone de 15 responsabilidades ineludibles de los ayuntamientos, que este nuevo proyecto lanzará al zafacón.

En atención a la premeditada y alevosa intención del susodicho proyecto de ley de inducir a malas prácticas municipales, al permitir el uso de los recursos económicos y humanos para clientelismo y objetivos politiqueros, mediante aumentos desorbitantes de gastos corrientes, principalmente, el abultamiento de las nóminas y nominillas en nuestros ayuntamientos, ¡urge actuar con determinación!

Es mandatorio y un deber cívico realizar una firme oposición para hacer abortar ese espurio proyecto de ley que pretende imponer el PRM, porque aumentaría el clientelismo político, la impunidad y corrupción en los gobiernos municipales de nuestro país.