Opinión. Martes, 07 de Abril, 2026

La guerra en Medio Oriente ha disparado el precio del petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el costo del transporte marítimo. Lo más preocupante no es solo el aumento en sí, sino la enorme incertidumbre: nadie sabe hasta dónde pueden subir estos precios ni cuánto tiempo se mantendrán elevados. Y cuando no hay claridad sobre el futuro, lo más responsable es prepararse para todos los escenarios posibles.

Este incremento en los precios internacionales representa un riesgo significativo para la República Dominicana, sobre todo por su capacidad de traducirse en mayores costos de los alimentos, los combustibles y la energía eléctrica. Y cuando suben estos tres elementos, aumenta prácticamente todo lo demás. El resultado sería un golpe directo al presupuesto familiar, especialmente para una clase media que todavía no ha logrado recuperarse de los aumentos acumulados en años anteriores.

Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿cuánto puede el gobierno subsidiar los combustibles, los fertilizantes y los cereales para amortiguar el impacto en los hogares? Pero detrás de esa pregunta hay una aún más importante: ¿quién paga ese esfuerzo y cómo se distribuye el costo? Porque toda crisis, en el fondo, es una decisión política sobre quién asume la carga. Si no se toman medidas, esta recaerá directamente sobre la familia dominicana.

Tomando como referencia lo ocurrido en 2022, el gobierno necesitaría este año cerca de 36,500 millones de pesos en subsidios a los combustibles —asumiendo un precio promedio del petróleo de 95 dólares por barril—, mientras que para los fertilizantes se requerirían aproximadamente 3,600 millones de pesos adicionales para evitar que los alimentos se encarezcan de manera significativa. En total, estaríamos hablando de 40,100 millones de pesos.

La pregunta entonces es si existe espacio dentro de un presupuesto de 1.84 billones de pesos para reorganizar el gasto y cubrir este monto. La respuesta es sí. De hecho, esa cifra representa apenas un 2.2% del gasto total proyectado para 2026.

Veamos algunos ejemplos concretos. El presupuesto de publicidad asciende a 12,625 millones de pesos. Si se reduce a 2,625 millones, se liberarían 10,000 millones. Por otro lado, en gastos como viáticos, dietas, gastos de representación y gratificaciones por aniversario de la entidad se han presupuestado 9,592 millones, lo que abre la posibilidad de generar un ahorro de al menos 5,000 millones de pesos.

Por otro lado, el gobierno contempla 11,700 millones de pesos en nuevas pensiones para este año —excluyendo las solidarias—, varias de ellas de evidente carácter político y otorgadas sin cumplir ni con los años de servicio en el Estado ni con lo establecido en la propia ley de Seguridad Social. Postergar por un año la asignación de estas pensiones sin mérito de servicio no solo sería razonable, sino que permitiría un ahorro de al menos la mitad de ese monto, sin afectar las pensiones anteriores ni las futuras pensiones solidarias.

De igual forma, introducir un mínimo de racionalidad en las transferencias no condicionadas también abriría un espacio fiscal importante. En las ya famosas “brisita navideña”, “cariñito a las madres” y “bono a mil a estudiantes” se destinan cerca de 6,750 millones de pesos. Pero si, aunque sea por un año, se pausa el impulso populista y se focalizan estas ayudas exclusivamente en la población que verdaderamente lo necesita, el país podría ahorrar aproximadamente 3,100 millones adicionales.

Sin embargo, el esfuerzo no debe recaer únicamente en el Poder Ejecutivo. Los congresistas también pueden aportar. Eliminar la exención para la importación de vehículos de legisladores generaría 1,026 millones de pesos, y suprimir el llamado “barrilito” permitiría ahorrar 253 millones adicionales, para un total cercano a 1,279 millones. Por demás está decir que ninguno de estos privilegios debería existir, y esta podría ser la oportunidad para eliminarlos de manera definitiva.

Con solo ajustes, se podría disponer de 25,229 millones de pesos para enfrentar la crisis.

Una vez el gobierno y el Congreso hayan dado muestras de ser los primeros en aportar al manejo de la crisis, tendrían la legitimidad fiscal para convocar a los distintos sectores de la sociedad a una mesa de diálogo donde se discuta la cuota de aporte que cada uno puede hacer para sortear esta situación.

Por ejemplo, se podría plantear una reducción temporal de las transferencias que se realizan cada año a los partidos políticos, así como un aporte extraordinario de las grandes empresas que cuentan con exenciones fiscales en el pago del Impuesto Sobre la Renta.

En total, sumando el esfuerzo de todos, el país podría disponer de recursos suficientes para subsidiar los combustibles y fertilizantes, sin necesidad de asfixiar a la clase media dominicana ni recurrir a un mayor endeudamiento que ponga en riesgo la estabilidad macroeconómica.

Por supuesto, es probable que algunos sectores argumenten que estos ajustes representan un sacrificio importante. Y es cierto, lo son. Pero en medio de una crisis, los sacrificios deben ser proporcionales a la capacidad de asumirlos. Además, resulta difícil justificar que miles de familias dominicanas tengan que reducir su alimentación, dejar de comprar medicamentos o de pagar el alquiler de su vivienda, mientras otros sectores con mayor capacidad económica no aportan en la misma proporción.

Basta con ponerse, aunque sea por un momento, en el lugar de una madre soltera que, ante el aumento de los precios, no puede seguir pagando el colegio de sus hijos a mitad de año; o en el de una familia que una enfermedad le haya consumido sus ahorros y que ahora le toque enfrentar la dolorosa decisión de elegir entre comprar medicamentos o poner comida en la mesa. Solo así, entendiendo la realidad de miles de familias dominicanas, se puede dimensionar la urgencia de que el gobierno, el Congreso, los partidos políticos y las grandes empresas sean los primeros en asumir la mayor cuota de sacrificio.

Porque enfrentar una situación de esta magnitud no puede ser tarea de unos pocos. Debe ser un esfuerzo compartido, especialmente por aquellos que más pueden contribuir.

Al final, cuando el mundo se vuelve incierto, los países no se definen por las crisis que enfrentan, sino por la serenidad y responsabilidad con que sus líderes toman decisiones en momentos difíciles.