Opinión. Lunes, 20 de Abril, 2026

Cada 28 de abril el mundo vuelve la mirada hacia la prevención, se renuevan compromisos y se recuerda la importancia de proteger la vida en el trabajo. Pero más allá de la conmemoración, esta fecha también obliga a una reflexión más profunda: qué temas seguimos postergando en República Dominicana mientras el mundo del trabajo cambia y los riesgos evolucionan.

Sería injusto desconocer avances. El país cuenta con un marco normativo importante, se han fortalecido capacidades técnicas y muchas organizaciones han comprendido que la seguridad y salud en el trabajo no es opcional. Sin embargo, reconocer esos avances no impide admitir que persisten dos grandes deudas pendientes.

La primera es la integración real de los riesgos psicosociales dentro de la gestión preventiva.

Durante años hemos entendido el riesgo principalmente desde lo visible: caídas, electricidad, maquinaria, sustancias peligrosas o incendios. Esa mirada sigue siendo necesaria, pero hoy resulta incompleta. Una parte creciente del daño laboral no proviene solo de peligros físicos, sino de cómo se diseña, organiza y gestiona el trabajo.

La sobrecarga, la presión constante, la falta de autonomía, la ambigüedad de roles, el liderazgo deficiente, la inseguridad laboral o las jornadas extendidas pueden deteriorar la salud, aumentar errores, afectar decisiones y generar impactos sobre el desempeño y la sostenibilidad de las organizaciones.

El problema es que estos factores todavía no se gestionan con la misma seriedad con que se gestionan otros riesgos. Muchas veces se tratan como asuntos de bienestar o clima laboral, cuando en realidad son factores de riesgo que deben ser identificados, evaluados y controlados. Ese vacío es una deuda.

Ignorarlo tiene costos que ya son visibles: estrés, burnout, fatiga mental, ausentismo, rotación, errores operativos e incluso incidentes que pueden tener relación con factores psicosociales mal gestionados. No se trata de una agenda blanda, se trata de reconocer riesgos reales que forman parte del trabajo contemporáneo y que el país necesita empezar a abordar con mayor seriedad.

La segunda deuda pendiente es la necesidad de actualizar el marco normativo frente a los nuevos riesgos del trabajo.

Esto no implica restarle valor al marco vigente, cuyo aporte ha sido importante. El punto es reconocer que el trabajo cambió y que las normas también deben evolucionar.

Han cambiado las formas de empleo, los modelos de organización, la intensidad del trabajo, los desafíos asociados a la digitalización, la fatiga cognitiva y, precisamente, los propios riesgos psicosociales. Muchos de estos temas no ocupaban el lugar que tienen hoy cuando buena parte de nuestras disposiciones fueron concebidas.

Ese es un debate que debemos asumir con madurez técnica.

No basta con hablar de cumplimiento si no nos preguntamos si las herramientas regulatorias actuales están respondiendo a los riesgos del presente. Cuando el riesgo cambia y la regulación no evoluciona al mismo ritmo, se produce una brecha que debilita la capacidad del sistema para responder.

Actualizar el marco normativo no es una crítica al pasado, es una necesidad estratégica frente al futuro. La prevención no puede seguir operando únicamente con lógicas diseñadas para escenarios que ya cambiaron.

Estas dos deudas están profundamente conectadas. Integrar los riesgos psicosociales y actualizar la mirada normativa forman parte del mismo desafío: entender que la seguridad y salud en el trabajo debe evolucionar junto con el trabajo mismo.

Esa debería ser una de las discusiones centrales este 28 de abril. No solo hablar de lo que hemos logrado, sino discutir con honestidad lo que sigue pendiente.