Opinión. Martes, 09 de Diciembre, 2025

El caso de SeNaSa no es el primero ni será el último caso de corrupción que se registrará en instituciones públicas, pero sí de algo estoy clara y es que pasará a la historia dominicana como uno de los más grande escándalos en el país, no por la cantidad millonaria que presuntamente le robaron al Estado, sino por su naturaleza, tocaron unos de los derechos fundamentales de los dominicanos, la salud, y con esta no se juega.

Los implicados dieron prioridad a la codicia que, a la salud de millones de personas, una acción que da es vergüenza ajena. Cada vez queda en evidencia que los valores y principios de la gente van en deterioro. De acuerdo con un fiscal del Ministerio Público, los acusados robaron al menos 15 mil millones de pesos al Estado, a través del Seguro Nacional de Salud.

El desfalco afectó los recursos destinados a la salud de más de 7 millones de afiliados, principalmente del régimen subsidiado (personas de escasos recursos).

Yo me pregunto: ¿Cuál era la necesidad de individuos ricos, por no decir podrido en dinero, robarles a los pobres? Caramba, lo quieren todo…

Oiga esto, de acuerdo con el Ministerio Público, SeNaSa pagó millones de cirugías, quimios y diálisis, incluso a personas fallecidas. Imputados llevaron a cabo un esquema para aumentar de manera fraudulenta la facturación de servicios médicos a través de prácticas que incluían tratamientos y procedimientos inexistentes.

Son unos abusadores, de esto ser así. Merecen que le caiga todo el peso de la ley, y que no solo tengan que devolver los fondos que sustrajeron, también que le canten varios años de prisión para que paguen las consecuencias de sus actos.

Hasta la tarde de ayer lunes 8 de diciembre había 10 personas detenidas luego de varios meses de investigación, entre ellas, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, encabeza el grupo de imputados que integran, además, Rafael Luis Martínez Hazim, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Cero acuerdos, vía criterio de impunidad, en el que el imputado pacta colaborar con la justicia y retornar el dinero robado a cambio de su libertad. Ese mensaje que se ha estado enviando, «roba mucho que luego llegas a un convenio con el MP, debe ser borrado de la mente de las personas».