Opinión. Lunes, 30 de Septiembre de 2024
Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el gobierno central inauguraron la ampliación de ocho carriles en el kilómetro nueve de la autopista Duarte. Además, continúan las obras para ensanchar toda la autopista en dirección al Cibao, lo que ha implicado la tala de árboles que caracterizaban ese trayecto. Sin embargo, es evidente que esta intervención no ha sido una solución efectiva. Los embotellamientos persisten, y en muchos casos, se han intensificado en ese tramo.
El caos vehicular en Santo Domingo no se limita a la autopista Duarte; también afecta las principales avenidas de la capital, como la José Núñez de Cáceres, la Winston Churchill, la Máximo Gómez, la 27 de Febrero, y la Luperón, entre otras. ¿Es la ampliación de estas vías la solución ideal? ¿Podría la conversión de algunas en vías de un solo sentido aliviar el problema?
En un artículo anterior, se identificaron las principales causas del caos vehicular, destacándose la falta de educación vial y la omisión de las autoridades en la aplicación de las leyes. Estas siguen siendo las causas estructurales del problema.
Recientemente, visité Bogotá y Medellín, dos de las ciudades con mayor cantidad de vehículos en Colombia. A pesar de ello, no se experimenta el caos vehicular que vivimos a diario en Santo Domingo. ¿Por qué? En Colombia se respetan las leyes de tránsito. En Bogotá, las principales avenidas solo cuentan con dos carriles en cada sentido, y en el centro, hay dos carriles dedicados exclusivamente al TransMilenio, el sistema de transporte público. En Medellín, una situación similar ocurre con los carriles reservados para el transporte público, y aun así, el tráfico fluye de manera ordenada.
La ampliación de las autopistas y avenidas en la República Dominicana no resolverá el caos vehicular ni reducirá los accidentes. La verdadera solución comienza con la educación vial. Los conductores de vehículos livianos, pesados, motociclistas e incluso las propias autoridades de tránsito deben ser capacitados adecuadamente.
Es inaceptable que en áreas señalizadas como prohibido parar, los conductores de transporte público, especialmente los conocidos «guaguas» y «carros de concho», se detengan a recoger o dejar pasajeros mientras las autoridades hacen la vista gorda. No hay justificación para que, en los pasos de peatones, los conductores se detengan encima de las cebras sin que las autoridades emitan una infracción.
Asimismo, resulta incomprensible que, en presencia de un agente de la DIGESETT, los motoristas crucen los semáforos en rojo, sin casco protector en su mayoría, y no sean penalizados. ¿Acaso las autoridades no valoran la prevención de accidentes?
El Estado debe implementar mecanismos más estrictos para garantizar el cumplimiento del pago de multas. La eliminación de la prescripción de multas en el plazo de un año y la imposición de intereses por morosidad serían medidas importantes. Además, el Estado podría retener la emisión de documentos públicos hasta que las infracciones sean saldadas.
En países como Colombia, Canadá y Estados Unidos, las leyes de tránsito se respetan rigurosamente. El uso del casco es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero, y las multas por infracciones son significativamente elevadas. Para resolver el caos vehicular que afecta a Santo Domingo y otras ciudades dominicana, debemos comenzar por la educación vial, con sanciones claras y consistentes. Solo así podremos evitar los enormes gastos en compra de terrenos, asfalto y otros materiales que no logran solucionar el problema de fondo.
