Opinión. Miercoles, 07 de Enero, 2026

A primera vista, la captura de Nicolás Maduro podría interpretarse como el inicio de una intervención clásica de Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, una lectura más atenta revela algo distinto y más sofisticado: Washington no está ocupando Venezuela, está reubicando un conflicto mayor en un escenario periférico. En el trasfondo de la operación no solo hay consideraciones políticas o de seguridad, sino una lógica más amplia de competencia estratégica con China. Venezuela, con sus reservas petroleras, su vínculo energético con Pekín y su posición geopolítica, se convierte así en una pieza funcional dentro de la guerra comercial y tecnológica que Estados Unidos libra con China. El poder militar no aparece como un fin en sí mismo, sino como el instrumento necesario para abrir una mesa profundamente asimétrica donde se negocian, al mismo tiempo, orden político y reposicionamiento económico.

Desde el enfoque de la negociación internacional, la estrategia estadounidense combina tres elementos con precisión quirúrgica: amenaza creíble, incentivos selectivos y fragmentación deliberada del poder interno. Este diseño no solo reduce drásticamente la capacidad de resistencia del chavismo como bloque, sino que también desplaza a China del control efectivo de un activo estratégico, redirigiendo flujos energéticos y decisiones clave hacia Washington. En ese proceso, la oposición formal  al régimen chavista queda relegada a un segundo plano, no por desprecio ideológico, sino por irrelevancia funcional en una fase dominada por la lógica del control, la estabilidad y la competencia entre grandes potencias.

La captura de Maduro funciona como un anclaje extremo, una jugada diseñada no solo para eliminar a la principal cabeza visible del régimen, sino para enviar un mensaje inequívoco a quienes aún conservan poder real. El mensaje es simple y brutal, no negociar ya no es una opción racional. La justicia estadounidense no es una amenaza abstracta, es una realidad operativa. Con ese gesto, Washington destruye el BATNA de figuras como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Su mejor alternativa a un acuerdo ya no es resistir, ganar tiempo o atrincherarse, sino enfrentar captura, procesamiento judicial o desaparición política.

La explicación de Marco Rubio sobre por qué no se intentó capturar simultáneamente a todos los altos funcionarios confirma esta lógica. Las negociaciones no se hacen con el vacío. Se hacen con actores capaces de cumplir. Un colapso total del aparato estatal habría obligado a una ocupación militar prolongada, costosa y políticamente tóxica. Estados Unidos no buscó arrasar el tablero, sino reordenarlo a sus intereses.

En esa trama se entiende el tratamiento hacia Delcy Rodríguez. Lo que se le ofrece no es legitimidad, sino supervivencia política condicionada. El discurso de Trump combina incentivos claros, ausencia de nuevos ataques, no despliegue de tropas, reconocimiento de un rol operativo en la transición con amenazas explícitas, castigos incluso mayores que los enfrentados por Maduro y la posibilidad de un segundo golpe militar de mayor magnitud. Delcy no negocia como líder democrática, sino como administradora residual del poder, útil para evitar el colapso inmediato del Estado. Washington no la imagina gobernando el futuro, sino conteniendo el presente.

Desde el punto de vista estratégico, el mensaje es inequívoco  de estabilidad primero, y después valores. Este no es un error moral ni una contradicción, sino una regla histórica de las negociaciones en medio de crisis profunda. La democratización sin orden no es una transición; es una apuesta al caos.

La misma lógica se aplica a Diosdado Cabello y a Vladimir Padrino López. La estrategia es un manual clásico de divide y vencerá. A Cabello se le presenta una disyuntiva binaria de cooperación o destrucción personal y política. A Padrino se le reconoce, aunque sin decirlo abiertamente, como un actor negociable, pragmático, con control real sobre las Fuerzas Armadas y, por tanto, con capacidad de garantizar cumplimiento. Estados Unidos no busca aliados virtuosos, busca operadores eficaces. En la negociación internacional, la capacidad de hacer cumplir un acuerdo pesa infinitamente más que la legitimidad moral.

En la vida real, la geopolítica no es un acto de fe ni una homilía moral; no se reza un Padre Nuestro ni se santifica la justicia. Es una apuesta descarnada al poder y al uso conveniente de la fuerza, con escaso respeto por los límites éticos. Una intervención no es la llegada de Jesús, ni el romanticismo de los trinitarios, ni la mitificación de Duarte como Cristo de la libertad. Es política en estado puro: intereses, coerción y decisiones duras en un mundo que no concede indulgencia

Al presionar a unos y tolerar temporalmente a otros, Washington fomenta la competencia interna dentro del chavismo y destruye cualquier posibilidad de cohesión frente a la transición dirigida. La fragmentación no es una consecuencia accidental: es el corazón de la estrategia.

En este escenario, las declaraciones de Trump sobre María Corina Machado deben leerse con frialdad estratégica. No son un ataque personal ni una valoración ideológica. Son una constatación funcional. Desde la óptica estadounidense, la oposición democrática no controla territorio, no controla armas y no puede garantizar orden inmediato. Por tanto, no es un actor útil en la fase inicial de la negociación, dominada por la seguridad y el control. En términos de teoría de negociación, queda fuera de la zona de acuerdo viable. Su papel no desaparece, pero queda postergado hasta que la estabilidad básica esté asegurada.

El componente económico termina de cerrar el círculo. El acuerdo para transferir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos no es un detalle técnico, sino el núcleo material de la negociación. Se trata de un intercambio clásico: recursos naturales a cambio de protección, gobernabilidad y tutela. Los ingresos bajo control estadounidense no constituyen ayuda ni cooperación tradicional, sino un esquema de administración fiduciaria de facto, donde Washington actúa simultáneamente como garante, supervisor y principal beneficiario.

Desde la lógica de los negocios internacionales, el diseño es quirúrgico y despiadadamente eficiente: reduce el riesgo de incumplimiento, financia la transición al margen del Congreso, garantiza suministro energético estratégico y cierra el paso a cualquier intento de China por capturar el activo más valioso del país. No es cooperación ni beneficio compartido; es una negociación brutalmente asimétrica, un gano yo, pierdes tú, cuidadosamente administrado, maquillado bajo un lenguaje de conveniencia mutua.

Visto en conjunto, el caso venezolano no es una negociación basada en valores democráticos ni en principios humanitarios. Es una negociación de poder, orientada a la estabilización geopolítica. Estados Unidos define los tiempos, selecciona a los interlocutores, controla los incentivos y administra las amenazas. La transición no se negocia entre venezolanos, sino entre Washington y quienes aún detentan poder real dentro del Estado, bajo supervisión directa.

Desde una perspectiva política y estratégica, Venezuela está siendo tratada menos como un Estado soberano y más como un activo energético en disputa dentro de la competencia global entre Estados Unidos y China. La prioridad ya no es la legitimidad simbólica ni la narrativa democrática, sino el control de los flujos petroleros, la reducción de riesgos sistémicos y el desplazamiento de Pekín como socio dominante en un país clave del hemisferio occidental. La mesa de negociación existe, pero no es neutral ni abierta: es una mesa diseñada para administrar recursos y obediencias. Las reglas están escritas de antemano y el margen de maniobra de los actores locales incluido el chavismo que aún permanece en Venezuela se reduce a una opción básica que es cooperar bajo tutela o desaparecer del tablero. En este escenario, el desenlace no dependerá de quién tenga el mejor discurso, sino de quién entienda más rápido que el centro de gravedad ya no está en Caracas, ni siquiera en Miraflores, sino en Washington y en su pulso estratégico con China.