Opinión. Jueves, 04 de Septiembre, 2025

El reciente acuerdo arribado entre el Ministerio Público y el señor Maxi Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, ha provocado un legítimo sentimiento de indignación en la población dominicana. Bajo el paraguas del criterio de oportunidad, previsto en el artículo 34 del Código Procesal Penal, se ha puesto fin a un proceso penal que, según declaraciones anteriores del propio Ministerio Público, involucraba una supuesta defraudación al Estado por más de 20 mil millones de pesos.

No estamos ante un tecnicismo jurídico, ni ante una interpretación novedosa del derecho penal. Estamos ante un uso irracional y selectivo de una herramienta procesal que, aunque legal, ha sido aplicada de forma que contraviene la lógica, la proporcionalidad y la equidad en el tratamiento de casos de corrupción administrativa.

¿Criterio de oportunidad… o impunidad selectiva?

El artículo 34 permite al Ministerio Público, en determinados casos, abstenerse de ejercer la acción penal a cambio de la reparación del daño, siempre que no se trate de delitos graves, de lesa humanidad o de alta connotación social. ¿Pero cómo encaja este acuerdo en un caso donde se hablaba públicamente de sobrevaloraciones, tráfico de influencias y contratos privilegiados en las empresas distribuidoras de electricidad (EDEs)?

Cuando el entonces director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, afirmaba con contundencia que Montilla había causado un perjuicio al Estado por RD$20,000 millones, parecía que se estaba tejiendo una acusación seria, robusta y fundamentada. Pero hoy, la narrativa cambió radicalmente: el acuerdo contempla el pago de solamente RD$3,000 millones, y a cambio, Maxi Montilla ha sido exonerado de toda responsabilidad penal, como si se tratara de un ciudadano inocente.

El agravio a la confianza pública

Este tipo de actuaciones debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales. No es la primera vez que el Ministerio Público se enfrenta a críticas por su manejo desigual de los casos. Sin embargo, este acuerdo es particularmente irritante porque muestra una doble vara: mientras algunos imputados por corrupción enfrentan prisión preventiva y procesos mediáticos despiadados, otros logran acuerdos en silencio, sin transparencia ni explicaciones convincentes.

El mensaje que se envía es devastador: si usted tiene poder, relaciones o capacidad económica, puede “negociar” su culpa. Se desmonta así la idea de que el Ministerio Público actúa con independencia y objetividad. Peor aún, se refuerza la percepción de que la lucha contra la corrupción es una bandera selectiva, ondeada según conveniencias políticas y no por principios éticos ni jurídicos.

El precedente que se sienta

Aceptar este tipo de acuerdos sin un debate público, sin transparencia procesal y sin explicar con claridad los fundamentos legales y probatorios que justifican la “oportunidad”, es sembrar un precedente nefasto. ¿Cuántos otros funcionarios o empresarios vinculados a tramas de corrupción buscarán ahora el mismo trato?

El artículo 34 debe ser interpretado con rigor, con responsabilidad institucional y con un profundo respeto al principio de legalidad. Usarlo como herramienta de escape en casos de alto impacto público no solo socava el sistema de justicia, sino que también insulta la memoria de los dominicanos que aún creen en una patria más justa y menos corrupta.

¿Y ahora qué?

Es hora de que la Procuraduría General de la República explique a la nación en qué se basó para firmar este acuerdo. ¿Qué elementos legales y fácticos motivaron esta decisión? ¿Cuál fue la metodología de cálculo para determinar que el monto defraudado era de RD$20 mil millones y luego reducirlo a RD$3 mil millones? ¿Por qué no se ventiló este acuerdo en audiencia pública, conforme al principio de contradicción?

En tanto no se ofrezcan respuestas claras y transparentes, la sombra de la desconfianza seguirá creciendo. El pueblo dominicano no es tonto, y exige que la justicia no se arrodille ante el poder ni se negocie tras bambalinas.