Opinión. Jueves, 14 de Agosto, 2025

Con gran estupor observé, a través de las redes sociales y medios locales, una serie de incautaciones arbitrarias de motocicletas, seguidas por protestas de motociclistas y la enérgica defensa de esta causa por parte de un legislador de la oposición. Más adelante, el análisis de un reputado abogado ponía en evidencia el revés político sufrido por el alcalde del municipio Santo Domingo Este, mientras un artículo firmado por un joven político de oposición mostraba cómo ese legislador verde había logrado doblegar a la máxima autoridad municipal. Sin embargo, en medio de esta controversia, brilló por su ausencia la voz de los dirigentes del oficialismo y de aquellos con aspiraciones municipales dentro del mismo partido, frente a lo que claramente se configuraba como un abuso de poder con fines recaudatorios.

Para realizar un análisis sereno y objetivo sobre esta situación, que impacta directamente la imagen de un partido compuesto, en su mayoría, por ciudadanos honestos y comprometidos, es oportuno retomar algunos planteamientos expresados por los profesionales antes mencionados.

La rebelión de los motoristas, ocurrida el pasado viernes, fue el punto de inflexión ante los excesos cometidos por el alcalde de Santo Domingo Este, quien previamente había ordenado la retención masiva e ilegal de motocicletas, afectando a un sector vulnerable, pero vital para el funcionamiento social y económico del municipio.

Antes de que se produjera esta manifestación, las principales figuras del oficialismo con proyección municipal debieron alzar la voz y condenar los atropellos de un alcalde que actúa al margen de la ley, como si su investidura lo colocara por encima del orden institucional.

El partido oficialista no puede permitirse el lujo de ser percibido como cómplice o aplaudidor de una gestión municipal que contradice los principios de servicio, transparencia y legalidad que proclama. En sus filas hay suficientes cuadros con preparación, vocación y compromiso, capaces de encabezar gobiernos locales eficientes y apegados a la legalidad.

Aunque la protesta lo sacudió, el alcalde intentó aparentar fortaleza desplegando un amplio dispositivo policial el lunes 11 de agosto. Sin embargo, ese mismo día, una rueda de prensa ofrecida por el vocero de los diputados del principal partido opositor, acompañado de abogados y dirigentes, marcó un antes y un después. Las advertencias legales surtieron efecto y, esa misma tarde, la alcaldía se vio obligada a suspender el polémico cobro por el resto del año.

Ese mérito, que se tradujo en un triunfo para la ciudadanía, pudo haber sido capitalizado por jóvenes dirigentes y legisladores del oficialismo, quienes cuentan con liderazgo y respaldo popular en sus demarcaciones.

Diversos medios independientes, juristas y organizaciones sociales se sumaron desde el inicio a esta causa, elevando una voz firme contra la arbitrariedad. Ya en enero, el mismo legislador opositor había documentado una larga lista de contradicciones entre el alcalde y su equipo sobre este mismo tema, alertando al país sobre lo que estaba por venir.

La reacción desordenada de la alcaldía tras los escándalos mediáticos y su errático manejo frente al propio presidente de la República dejaron ver una gestión marcada por la improvisación, la falta de tacto político y la ambición desmedida. Este verano, la administración municipal reincidió en prácticas cuestionables, saliendo nuevamente a las calles a decomisar motocicletas, en una ofensiva que no fue más que una agresión directa contra el sustento de miles de trabajadores humildes.

El retiro de esa medida no solo representa una victoria del pueblo y de los motoconchistas, sino también una señal de advertencia: la ciudadanía está vigilante, y no tolerará más abusos. El alcalde, astuto y acostumbrado a maniobrar en la sombra, no vacilará en ensayar nuevas estrategias si percibe apatía o debilidad en la respuesta social.

Resulta inconcebible que un alcalde que ha recibido el mayor respaldo económico de su gobierno más de cien millones de pesos para cubrir prestaciones laborales haya sido incapaz de resolver las demandas de los empleados desvinculados. Más aún, que después de esa asignación extraordinaria sigan los reclamos en las calles por parte de militantes del propio partido oficialista exigiendo el pago de sus prestaciones.

Frente a este escenario, el partido de gobierno debió, desde hace tiempo, marcar una línea divisoria clara con una gestión que exhibe señales preocupantes de codicia, opacidad, falta de transparencia y desconexión con los principios que enarbola. Si el PRM aspira a conservar la plaza electoral de este municipio, debe apartarse del caos, la arbitrariedad y la falta de institucionalidad que hoy caracterizan a esa administración municipal.

Porque si algo ha quedado claro, es que gobernar de espaldas al pueblo, en abierta contradicción con los valores democráticos y sociales que se predican, no solo debilita al funcionario de turno, sino que arrastra consigo la credibilidad de todo un partido político creado para romper con el pasado.

Nota el autor es consultor político