Opinión. Lunes, 02 de Septiembre de 2024
Desde hace más de 10 años se habla de la necesidad de actualizar el Código Laboral dominicano. Tras la pandemia, fue más evidente esta necesidad. En ese sentido, el presidente Luis Abinader acaba de presentar una propuesta de reforma que apunta a ofrecer respuestas en esa dirección. Tras consensuar entre gobierno, empleadores y gremios de trabajadores, se ha conseguido una pieza que conviene analizar, por lo que implica en términos de protección social, desigualdad y productividad.
La modernización del Código de Trabajo, que no había sido revisado de manera sustancial desde principios de los noventa, responde a la necesidad de adaptarse a los cambios del mercado laboral global, acelerados por eventos como la pandemia. En la actualidad, más del 56.8% de los trabajadores en la República Dominicana están empleados en el sector informal, lo que los excluye de beneficios fundamentales como la seguridad social y las pensiones. Con la implementación de este nuevo marco legal, se espera que la formalización del empleo se incremente, mejorando las condiciones de vida de millones de personas que, hasta ahora, han estado trabajando en condiciones de precariedad. De este modo, se mejora la seguridad económica de esta población, a la vez que es fortalecida la capacidad del Estado para financiar programas de protección social a través de una mayor recaudación fiscal.
Sumado a estos puntos, la propuesta de código laboral cuenta con los elementos necesarios para colaborar en la reducción de las desigualdades existentes en materia de género. Pues aunque en los últimos tres años se ha observado una reducción importante en los niveles de pobreza por sexo, todavía las mujeres experimentan mayores barreras para la participación productiva.
En ese contexto, la reforma propone un aumento del 100% en la licencia de paternidad y la formalización del trabajo doméstico, lo que contribuiría a redistribuir de manera más equitativa las responsabilidades de cuidado en el hogar. En el primer aspecto, la reforma parte de proponer que los padres tengan un mayor involucramiento en el proceso de cuidado de los hijos, acercándonos a las prácticas de las economías con mayor nivel de bienestar.
En lo referente a la inclusión del trabajo dentro del marco legal estamos experimentando un avance importante. La formalización de este sector, que ha estado históricamente desprotegido, permitirá que las trabajadoras del hogar accedan a derechos laborales básicos, como seguridad social y vacaciones pagadas. De este modo, se dignifica una población que ha sido vulnerada de forma reiterada, con prácticas que se han normalizado en el imaginario popular.
Otro punto fuerte de la propuesta tiene que ver con los lineamientos que contemplan la mejoría de las condiciones laborales de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las PYMES representan el 98% de las empresas en la República Dominicana y generan más del 50% del empleo total en el país. Con la eliminación de barreras legales y la simplificación de los procesos laborales, se da pie a que estas empresas encuentren un entorno más favorable para crecer y crear empleo.
Un modo de ejemplificar el impacto de este aspecto es a través del proyecto Mujeres Super Emprendedoras que impulsamos desde Supérate. Las participantes diseñan un negocio. Con la asesoría técnica necesaria, lo ponen en marcha e intentan destacar en el mercado.
Bajo un código moderno, pensado para la economía dominicana de hoy y las demandas de la población productiva, las mujeres super emprendedoras pueden contar con instrumentos ágiles y flexibles para gestionar sus ampliaciones. EL proceso de contrato de empleados las coloca en posición de brindar oportunidades de superación económica, sin reducir sus capacidades de generación de ingresos.
Ahora bien, hay que hacer un leve matiz. Todas estas son oportunidades, entran en el campo de lo potencial. Sin embargo, lograr cada uno de estos hitos depende también del impulso que se dé en otras áreas.
El código es un marco indispensable para tener claras las reglas del juego. Pero su impacto tardará en llegar, por lo que es claro que la reforma es una inversión a futuro; es un legado de institucionalidad y nuevas oportunidades para movilizar desarrollo a partir de la productividad.
