Opinión. Jueves, 06 de Marzo, 2025

El pasado 7 de octubre de 2024, la República Dominicana fue testigo de un proyecto de ley que proponía una reforma integral al sistema fiscal del país, incluyendo cambios en la forma de recolección de impuestos. Impulsado por el presidente de la República, Luis Abinader, es importante destacar que esta no es la primera vez que se presenta una iniciativa de esta magnitud. En 2011, el presidente Danilo Medina Sánchez también intentó llevar a cabo una reforma fiscal, aunque sin éxito.

En esta ocasión, el proyecto de ley fue retirado del Congreso en octubre de 2024, con la justificación de que el presidente había escuchado a la ciudadanía. Sin embargo, lo que más llamó la atención del pueblo dominicano no fue la promesa de un aumento del 50% al salario mínimo, sino la inclusión de medidas que afectan directamente a sectores claves de la economía. Entre ellas, destacan la eliminación de los incentivos fiscales al sector turístico y cinematográfico, la eliminación de la exoneración fiscal a los diputados y senadores, y la creación de nuevos gravámenes a los servicios digitales.

Aunque la reforma fiscal no tuvo la aceptación esperada y fue retirada, el Poder Ejecutivo no parece estar conforme con este resultado. Se percibe una estrategia gradual para implementar estas medidas por medio de decretos, reglamentos y, en algunos casos, nuevos proyectos de ley sometidos al Congreso. Un ejemplo de ello es el Decreto No. 30-25, emitido el 25 de enero de 2025, que pasó casi desapercibido durante un mes. Este decreto proponía un aumento significativo de los impuestos a plataformas digitales como Uber, Indrive, Netflix, Disney+ e incluso a los anuncios publicitarios en medios digitales. Afortunadamente, el decreto fue derogado en marzo de 2025.

Sin embargo, la cuestión no termina ahí. En el Congreso Nacional se están tramitando actualmente dos proyectos de ley que se asemejan a la reforma fiscal original. El primero propone modificaciones y la derogación de varios artículos de la ley que regula el sector cinematográfico, específicamente los incentivos para su desarrollo, así como la eliminación de incentivos fiscales al sector turístico. El segundo proyecto busca eliminar las exoneraciones fiscales de vehículos a fiscales y jueces. Resulta llamativo que, mientras los congresistas defienden sus propios privilegios, como las exoneraciones de vehículos, algunos sectores del poder judicial, como fiscales y jueces, atraviesan serias dificultades económicas. Esto pone en evidencia una contradicción flagrante: si se buscan recortes fiscales y un aumento en la recaudación de impuestos, ¿por qué no empezar por eliminar beneficios como el «barrilito» y las dietas por transporte, que también forman parte de la estructura del gasto público innecesario?

Nos preguntamos, además, ¿a dónde van los impuestos recolectados por el Estado? Si en los hospitales, al momento de llegar un paciente, la primera pregunta que reciben es si tienen seguro médico. Si las calles están llenas de hoyos, muchos de ellos marcados con líneas amarillas, y las infraestructuras siguen deteriorándose. El sistema integrado de transporte, cada vez más privatizado, sigue dejando mucho que desear, mientras que la inflación continúa en aumento, afectando el bolsillo de la ciudadanía.

La reforma fiscal, entonces, parece avanzar de manera silenciosa, desprovista de un debate abierto y transparente. En un momento en que se busca optimizar el uso de los recursos del Estado, las decisiones tomadas por los legisladores y el Gobierno continúan siendo elusivas para la ciudadanía. Es fundamental que el pueblo dominicano mantenga un ojo vigilante sobre las futuras medidas fiscales que puedan impactar directamente su calidad de vida.