Opinión. Lunes, 12 de Enero, 2026

En la República Dominicana, la eficacia del Estado no se mide en discursos ni en seminarios: se mide en la acera. En el camión que pasa —o no pasa—, en el parque que se cuida —o se deja perder—, en el drenaje que responde cuando llueve, en la iluminación de una calle que puede ser seguridad o abandono. Por eso, cuando se habla de municipalidad, no estamos hablando de un tema menor: estamos hablando de la primera línea de calidad de vida.

En ese escenario, Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y reconocido por Nuestras Instituciones Públicas como Figura Municipalista del Año, no es un actor más del debate público. Es, hoy por hoy, la figura central del país en asuntos municipales, no solo por su posición institucional, sino por su peso técnico y su lectura del territorio. Y justamente por eso sus declaraciones en torno a la reforma aprobada por el Senado —para readecuar el destino de los fondos de los gobiernos locales— llegan en el momento correcto y con el enfoque correcto.

D’Aza plantea una idea que muchos entienden en silencio: las restricciones excesivas no solo vigilan; también paralizan. Y un gobierno local paralizado no es una anécdota administrativa: es un problema social. Cuando el funcionario actúa bajo un clima de miedo constante ante discrepancias técnicas presupuestarias, la gestión se vuelve lenta, defensiva, tímida.

¿Resultado? Se detienen decisiones, se retrasan soluciones, se enfrían inversiones y la gente se queda esperando lo básico.

De ahí la contundencia de su enfoque: la reforma, según ha insistido, no es una “carta abierta”, sino una herramienta para ganar eficiencia sin renunciar al control. Lo que se corrige —y aquí está el punto clave— es la distorsión de querer convertir diferencias técnicas de ejecución en delitos penales. El país ya tiene mecanismos para sancionar el robo y los atentados contra el patrimonio público; eso no desaparece. Lo que cambia es el intento de castigar con prisión lo que debe supervisarse como falta administrativa, con controles, auditoría, correcciones y consecuencias inmediatas.

Y hay un elemento especialmente valioso en su planteamiento: fortalecer la autonomía de los ingresos propios. Reconocer que los arbitrios recaudados localmente pueden organizarse según la realidad de cada demarcación manda un mensaje potente: el municipio que se ordena, recauda mejor y administra mejor, puede resolver más, planificar con más claridad y sostener servicios sin depender únicamente de transferencias.

Finalmente, D’Aza coloca una línea roja que nadie debería ignorar: el 25% destinado a inversión debe ejecutarse de forma rigurosa y bajo Presupuesto Participativo, para que la inversión no sea un invento de escritorio, sino una respuesta directa a la comunidad. Y esa insistencia no es casual: habla desde la cultura de gestión territorial y de participación que ha defendido e impulsado.

En tiempos donde abundan opiniones ligeras, esta postura pesa porque viene de una autoridad municipalista real. Si la reforma se implementa con seriedad, puede abrir una etapa nueva: menos parálisis, más resultados; menos miedo, más responsabilidad; menos excusas, más servicios. Y en esa ecuación, el ganador no es un funcionario: es la gente.