Política. Martes, 28 de Enero de 2025
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El Partido Generación de Servidores, GenS, que dirige Carlos Peña, presentó formal querella contra Carlos Bonilla, Ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones y Bartolomé Pujals, Director de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), a quienes acusa de integrar una “Asociación de Malhechores” a través de la cual el señor Jacinto B. Howley Dumit Serulle obtuvo de manera fraudulenta un contrato de aproximadamente 300 millones de pesos.
Peña dijo que en la documentación presentada a a Procuraduría General de la República están las pruebas suficientes que revelan la trama utilizada por Bonilla para ser beneficiado con un contrato de alquiler que firmó con el estado.
«En este voluminoso expediente que presentamos ante la Procuraduría General de la República están las pruebas suficientes que revelan la trama utilizada por Carlos Bonilla para agenciarse un contrato de alquiler con el Estado dominicano, donde al final del camino él sería el gran beneficiario del mismo, pues la empresa CBS Developments, SRL, de su propiedad, integra el Fideicomiso Inmobiliario y de Garantía para el Desarrollo del Proyecto Velero At Punta Cana”, propietario a sus vez del inmueble involucrado en el contrato en cuestión», dijo Peña, hablando en representación de GenS.
«La OGTIC fue colocada por su Director Bartolomé Pujals, al pleno servicio de la estructura de corrupción que se beneficiaría con el contrato de alquiler por aproximadamente 300 millones de pesos”, señaló el líder de GenS en rueda de prensa en la Procuraduría General de la República, expresando además que “entre las pruebas aportadas a la justicia dominicana están los documentos que demuestran la existencia del contrato entre la OGTIC y el presta nombre Jacinto B. Howley Dumit Serulle, así como movimiento de dinero», señala el dirigente político.
GenS está solicitando a la Procuraduría General de la República inmediata prisión preventiva contra los imputados, así como la pena máxima contemplada para los delitos y crímenes de Asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, fraude contra el Estado, entre otras transgresiones presentes en el expediente introducido.
