Política. Jueves, 16 de Noviembre de 2023
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- A raiz del discurso del presidente Luis Abinader, donde anunció la renegociación del contrato de Aerodom, las críticas le han llovido a la presente administración por parte del sector político, específicamente de los partidos de oposición .
La Fuerza del Pueblo expresó su preocupación ante lo que considera un préstamo encubierto, implicado en la renegociación, que compromete financieramente al país por 37 años. Se cuestiona la viabilidad y transparencia de las propuestas de proyectos financiados con recursos anticipados, dada la limitación de tiempo para completar los procesos de licitación.
Además, se pone en duda la afirmación del presidente de que el costo de las obras anunciadas asciende a unos 400 millones de dólares, argumentando que esta cifra no representa con precisión el gasto real en los proyectos mencionados.
El comunicado señala una aparente contradicción en la postura del presidente Abinader respecto al contrato existente de Aerodom. Aunque critica el cumplimiento del contrato y las inversiones realizadas, se ha permitido una extensión de 30 años adicionales. La Fuerza del Pueblo sugiere que una auditoría internacional independiente sería el método apropiado para evaluar el cumplimiento del contrato original.
De igual modo, la Fuerza del Pueblo manifestó que le inquieta la legalidad de la renovación de la concesión ya que la misma se hizo al margen de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado.
Se condenó lo que se percibe como un uso de la renegociación para desviar la atención de otros temas críticos, como el escándalo del Intrant, y las importaciones de productos agropecuarios en detrimento de nuestros productores.
La Fuerza del Pueblo denunció por igual un abuso de poder en la asignación de 745 millones de dólares para propósitos políticos.
Instó a Abinader a enfocarse en una gestión gubernamental eficiente, evitando comprometer financieramente a futuras generaciones y enfocándose en la transparencia y el beneficio público.
Antes de estas declaraciones, el partido liderado por Leonel Fernández recordó la historia del contrato original, el cual indicó que “En agosto de 1998, durante el gobierno de Leonel Fernández, se convocó a una Licitación Pública Internacional para la concesión de la operación, administración, ampliación y modernización de varios aeropuertos internacionales”.
“La transparencia del proceso fue tal que contó con un comité de observadores compuestos por personalidades como: Freddy Beras Goico; el periodista Bonaparte Gautreaux Piñeyro; el pastor evangélico Braulio Portes; el jurista Jottin Cury, entre otros. Además, se conformó un denominado Comité Técnico Ampliado, conformado por varios funcionarios del área y Arturo Villanueva, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES); los señores Alex Santana y Julio Heinsen, de la Asociación de Líneas Aéreas de la República Dominicana (ALA); y una representación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”, explica el comunicado de la Fuerza del Pueblo.
“Este contrato, fue aprobado luego de vistas públicas y sugerencias de modificaciones, en un Congreso controlado por dirigentes del hoy Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluyendo a Ramón Alburquerque, Jesús Vásquez Martínez (Chu), Milagros Ortíz Bosch, Ginette Bournigal, y Alfredo Pacheco, resultó en significativas mejoras en infraestructuras aeroportuarias. Además, que, en tres ocasiones, en el gobierno de Hipólito Mejía, se modificó la fórmula económica de retribución del acuerdo al que inicialmente se había arribado”, cita el documento.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo deplora que el presidente de la República olvidara que, en el primer contrato se logró la ampliación del aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata; el aeropuerto de El Catey, en Samaná; la construcción de una moderna ala en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, entre otras construcciones. Contrato que fue a favor del Estado Dominicano, contrario al nuevo convenio, que solo procura recursos para usarlos en la campaña electoral.
