Política. Martes, 24 de Enero de 2023
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El partido Fuerza del Pueblo condenó este martes las violaciones, atropellos, abusos de poder e intromisión del gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en los asuntos internos de la Asociación Nacional de los Profesionales Agropecuarios (ANPA), y dijo que el gobierno busca destruir ese gremio.
Las declaraciones fueron ofrecidas a través de sus secretarías de Asuntos Profesionales y Gremiales, de Asuntos Agropecuarios, de Desarrollo Rural y de Asuntos Jurídicos, donde culpabilizaron al ministro de Agricultura, Limber Cruz, de ejecutar de acciones para desestabilizar la ANPA.
El miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Profesionales, Freddy Pérez, al leer el comunicado, expuso que con sus acciones ilegales, el gobierno trata inútilmente de callar la voz de esa entidad gremial y sus reclamos reivindicativos.
De igual forma, el documento señala que “el gobierno carece de la capacidad necesaria para dar respuesta y enfrentar el impacto que en el sector agropecuario está generando la actual crisis económica, situación que lo tiene acorralado, y solo atina a improvisar y dar palos a ciegas, así como recurrir a acciones de fuerza e intimidantes, en vez de buscar solución a las principales limitantes que afectan la producción nacional y la seguridad alimentaria de la población”.
Hicieron saber que ese funcionario “será el responsable de los daños al personal y a la propiedad física que a ese gremio le suceda, ya que en marzo del año pasado sus funcionarios subalternos acudieron al local donde se realizaría la Asamblea Nacional de Dirigentes para escoger la Comisión Electoral que organizaría las elecciones nacionales y de delegaciones del gremio, la cual boicotearon con el retiro de sus delegados, demandando la elección por aclamación, violando con ello el artículo 208 de la Constitución, que establece que el voto es personal, directo y secreto, tal y como lo establece, los propios estatutos de la ANPA”.
Denunciaron que “el Ministerio de Agricultura y el PRM, en el interés de tomar la ANPA, vienen sosteniendo toda una cadena de violaciones a la ley, sobre las cuales quieren sustentar falsos logros; desconocen el artículo 1134, del Código Civil, referente a la violación de un acuerdo firmado por las partes, así como propiciar y financiar dos elecciones totalmente ilegales y violatorias de los artículos 25 y 30, de los estatutos que rigen la ANPA, los cuales establecen los mecanismos para convocar y elegir sus autoridades, sin afectar su institucionalidad al margen de los procedimientos instituidos”.
Sostienen, igualmente, que “el gobierno, el PRM y las autoridades del Ministerio de Agricultura están generando en la ANPA una situación de ilegalidad y anarquía, que atenta contra la unidad de esa institución gremial, sólo con fines políticos y su afán de reelección del actual Presidente de la República”.
En ese sentido, advirtieron que el presidente Luis Abinader no puede permanecer ajeno a un conflicto que genera uno de sus ministros, “porque querer apoderarse de un gremio a través de medios ilegítimos y elecciones amañadas, sin la debida representación, vulnera los preceptos institucionales y atropella los derechos y dignidad de nuestros profesionales agropecuarios consagrados en la Constitución de la República, ya que con ello se afecta la vida institucional de la ANPA, el progreso y bienestar del profesional y la calidad de los servicios que se ofrecen al aparato productivo nacional”.
“El partido Fuerza del Pueblo considera necesario aunar los esfuerzos que se requieran para superar la situación que ahora atraviesa esta institución gremial “y que las partes se comprometan con una solución consensuada, o todavía mejor, acogerse a los acuerdos que arribaron en el pasado mes de agosto, de los cuales fueron compromisarios el propio Ministro de Agricultura, la ANPA y las diferentes corrientes que accionan a lo interno del gremio”.
Sugiere, además, que se organicen unas elecciones libres, transparentes, democráticas, participativas y con la debida legitimidad.
