Sin Categoria. Miercoles, 13 de Abril, 2022

El inicio de la Semana Santa 2022 estuvo marcado por la puesta en evidencia del desrespeto que existe hoy día a autoridades revestidas constitucionalmente, y es que el lunes 11 de abril agentes de una institución pública agredieron física y verbalmente a un ente dedicado a luchar porque los derechos de los ciudadanos sean respetados, así como a una representación de la prensa nacional, presente en el lugar.

¿Hasta dónde hemos llegado? Es una de las tantas preguntas que rondan en la mente de muchos dominicanos, desde que se enteraron de la agresión al Defensor del Pueblo, a una periodista y a dos reporteros gráficos, por agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en el Centro de Retención de Vehiculas “El Coco”.

Luego de la agresión, la entidad procedió a destituir de sus funciones a la incumbente del citado centro, sin embargo, esa acción no soluciona el problema.

En el altercado, el cual quedó grabado en cámaras de videos, a un camarógrafo le quitaron su equipo de trabajo, mientras que a la periodista agredida le quitaron su teléfono celular.

Estos equipos fueron devueltos por la Digesett el día siguiente, sin embargo, el camarógrafo asegura que fueron eliminadas total o parcialmente las imágenes que había recolectado en el lugar, así mismo, la periodista dijo que su teléfono celular fue formateado de fabrica, es decir, todo el contenido del mismo fue eliminado.

Con esa acción queda evidenciado el afán de ocultar la realidad de los hechos ocurridos en el citado lugar, de lo cual toda la población hoy rumora.

¿Y que conveniente, no? Pues la directora destituida alega que reaccionó de forma violenta porque fue agredida y la defensoría del pueblo se presentó en el lugar sin previo aviso.

La misma, además posa ante los medios de forma victimizada, con un yeso en una de sus manos, alegando que fue agredida.

Con incidente como este, queda al descubierto la enorme brecha educacional que existe entre las autoridades, la violencia no debe ser justificada y menos cuando se está en pleno ejercicio de una labor que procura transparentar el accionar de una entidad.

Tampoco puede justificarse, de ninguna manera, que las voces de aquellos a quienes no les permiten expresarse, sean silenciadas y agredidas, es decir, los comunicadores.

La prensa es amparada por la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento, y fueron muchas las vidas que se perdieron para que hoy día el país y el mundo cuente con ese fundamental derecho, la expresión, la información.

La violencia debe ser condenada categóricamente desde cualquier circunstancia y más aún cuando se está en pleno ejercicio de la ley.