Opinión. Miercoles, 18 de Septiembre de 2024
No cabe duda de que la República Dominicana es uno de los Estados más importantes de la región del Caribe y Centroamérica. Con veintitrés ministerios para un país de apenas 48,442 kilómetros cuadrados y una población que no supera los diez millones de personas, según el último censo, el tamaño del aparato estatal ha crecido significativamente en la última década. Este crecimiento se vio impulsado por la reforma constitucional de 2010, que transformó las antiguas secretarías en ministerios, aunque ello también ha generado un incremento considerable en el gasto público.
Recientemente, el presidente de la República ha propuesto un plan para unificar o eliminar algunos ministerios con el objetivo de reducir el gasto estatal. Si bien esta iniciativa es positiva y necesaria, se observa que ciertas instituciones que ya han cumplido su rol, o que no están cumpliendo adecuadamente sus funciones, no han sido incluidas en esta propuesta.
Un ejemplo de esta dificultad es la posible fusión del Ministerio de Educación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). Aunque ambos están vinculados a la educación, sus enfoques son completamente distintos. El Ministerio de Educación, encargado de la educación básica y media, enfrenta desafíos constantes, como la falta de cupos en las aulas y la presión de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). A pesar de los esfuerzos, la calidad educativa sigue siendo un tema de preocupación. Por otro lado, el Mescyt, enfocado en la educación superior, ha garantizado una relación estable entre las universidades y ha mejorado los trámites administrativos, aunque se ha señalado que su enfoque tecnológico requiere mejoras.
La unificación del Ministerio de la Presidencia con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, por el contrario, es una medida acertada. Ambas entidades tienen funciones similares, y su fusión optimizaría recursos, evitando duplicidades innecesarias. Es difícil justificar la existencia independiente de ambos, especialmente cuando ni siquiera responden de manera eficaz a solicitudes básicas de los ciudadanos, como la gestión de ayudas universitarias.
En cuanto a las demás instituciones mencionadas por el presidente, es necesario considerar si los funcionarios y el partido político estarán dispuestos a aceptar estos cambios, aunque queda claro que el mandatario está tomando decisiones importantes durante su gestión.
No obstante, se ha dejado de lado la posibilidad de unificar la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) con la Policía Nacional. Actualmente, ambas instituciones parecen desempeñar roles similares en la fiscalización del tránsito, lo que genera confusión y duplica gastos. La DIGESETT se ha atribuido funciones policiales, como requisar vehículos, mientras que la Policía Nacional realiza controles de tránsito. Unificar estas dos entidades bajo un mismo órgano reduciría la duplicidad de funciones y aliviaría los malestares de la ciudadanía.
La fusión del Ministerio de la Juventud, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Deportes y Recreación en un único Ministerio de la Familia podría ser una solución eficiente. Estos ministerios comparten un enfoque particular: el primero, centrado en la juventud y sus logros, como el Premio Nacional de la Juventud; el segundo, en la protección de los derechos de la mujer, aunque carecemos de un organismo dedicado a la igualdad de género en su totalidad; y el tercero, en el fomento del deporte, área en la que es evidente la necesidad de mejoras en las instalaciones y en la promoción de la participación juvenil.
La reestructuración del aparato estatal es un paso crucial para optimizar los recursos públicos, pero debe llevarse a cabo de manera integral, considerando las verdaderas necesidades del país y evitando redundancias innecesarias que perpetúan la ineficiencia administrativa.
