Sin Categoria. Martes, 23 de Noviembre, 2021

Por Jenniffer De Los Santos

Para nadie es un secreto que, desde que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tomó posesión el 16 de agosto del 2020, se ha mantenido firme y siempre ha dicho que durante su gestión habrá total transparencia y luchará contra la impunidad para que sea investigado todo aquel que cometa actos de corrupción.

La nueva administración se ha caracterizado por escuchar a los ciudadanos y hacerle frente a todo aquello que empañe su reputación. Pero, ¿Qué ha pasado con algunos de los funcionarios designados por el mandatario?

Hasta ahora, se ha visto que el Ministerio Público (MP) ha realizado una ardua labor de forma independiente. Sin embargo, algunos empleados públicos han interpretado mal el mensaje o entendieron que  Abinader era mucha espuma y poco chocolate. Que simplemente ha abordado el tema de la corrupción reiteradas veces, solo para persuadir al pueblo dominicano.

Claro está, no es lo mismo desde las gradas que en el terreno. ¿Será que en el Estado hay un túnel mágico que hace que algunas personas se confíen y entiendan que al ocupar un cargo de alta jerarquía pueden actuar en inconformidad a lo que promulga la ley sin ser descubiertos?

Han sido muchas las personas que desempeñan una función en el Gobierno que, de acuerdo a informes del Ministerio Público o investigaciones en curso, se han dejado envolver por las ambiciones del poder.

Podemos mencionar el caso de la exministra de la juventud, Kimberly Tavera, quién renunció al cargo, debido al proceso de investigación iniciado por el Ministerio Público tras los cuestionamientos de la fortuna que declaró poseer, la cual sobrepasa los RD$106 millones, según su declaración jurada de patrimonio.

Otro que forma parte de las investigaciones por supuesta corrupción, es Luis Maisichell Dicent, administrador de la Lotería Nacional, la cual fue la cabecilla de la ejecución de un sorteo fraudulento en la misma entidad, al que el MP, nombró como “Operación 13”.

Recientemente han salido a la luz otros expedientes, como el del director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, quien ha sido interrogado en varias ocasiones por el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y por la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, con relación a un presunto acto de corrupción que cometió durante al proceso de licitación en la entidad que dirigía en ese momento, en que resultó beneficiada la empresa de envíos Mía Cargo.

También está la ministra de la juventud, Luz del Alba Jiménez, sustituta de la exministra Kimberly Tavera, la cual desde el 11 de noviembre, fue denunciada por el exdirector jurídico del ministerio, José Manuel Vidal Tejeda, que dijo buscaba beneficiar a dos empresas mediante licitaciones amañadas, por RD$3 millones.

En este mismo orden, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Cecilio Antonio Rodríguez Montás, fue destituido la semana pasada, luego de que el ministro Roberto Fulcar  anunció en su cuenta de Twitter que recibió el informe de la comisión designada para auditar dicha institución por las denuncias hechas sobre ciertas irregularidades en proceso de licitación con los proveedores.

El mismo Fulcar admitió que encontraron fallas importantes, razón por la que, iniciaron la transformación en la gerencia desde el lunes 15 de noviembre.

Estos han sido parte de los escándalos que han sonado y marcado la presente gestión, pero no han sido tolerados e inmediatamente se han puesto a disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

También la sociedad dominicana ha cambiado y está cansada de tantos actos delictivos que cometen las autoridades públicas para sus beneficios.

Los ejemplos son claros. El presidente del territorio dominicano, Luis Abinader, hasta el momento ha dado fe y testimonio de que no solo son palabras, sino hechos.