Por: Luis Padilla 

República Dominicana es una nación privilegiada por sus costas, playas y recursos naturales. Nuestro litoral no solo constituye uno de los principales atractivos turísticos del país, sino también un patrimonio que pertenece a todos los dominicanos.

Por eso, cada vez que surge una denuncia sobre hoteles, complejos turísticos o proyectos inmobiliarios que aparentemente restringen el acceso de los ciudadanos a determinadas áreas de playa, debemos detenernos y hacernos una pregunta fundamental: ¿puede una playa convertirse, en la práctica, en un espacio privado?

La respuesta debe analizarse desde la Constitución, las leyes y el respeto al derecho de propiedad, pero también desde un principio sencillo: el desarrollo turístico no debe significar la exclusión de la ciudadanía de sus recursos naturales.

El sector hotelero realiza una importante contribución a la economía nacional. Genera empleos, atrae inversión extranjera, desarrolla comunidades y coloca a República Dominicana entre los principales destinos turísticos del Caribe. Ese aporte merece ser reconocido y protegido.

Pero proteger la inversión privada no significa permitir que se limite arbitrariamente el acceso ciudadano a bienes que tienen carácter público.

El problema aparece cuando un visitante dominicano llega a una zona costera y encuentra garitas, vigilantes, cadenas, muros o cualquier otro mecanismo que le haga entender que la playa es exclusivamente para los huéspedes de un hotel.

Ahí es donde las autoridades deben intervenir.

No se trata de enfrentar a los dominicanos con los empresarios turísticos. Tampoco de desconocer los derechos de quienes han invertido millones de pesos en hoteles y complejos turísticos. Se trata de establecer reglas claras que permitan la convivencia entre inversión privada, desarrollo turístico y derechos colectivos.

Las autoridades tienen la responsabilidad de determinar cuáles terrenos son privados, cuáles áreas corresponden al dominio público y bajo qué condiciones pueden existir autorizaciones o concesiones para determinados usos.

También corresponde al Estado garantizar que, cuando legalmente exista acceso público a una playa, ese acceso no sea eliminado de hecho.

Una playa no debería convertirse en “privada” simplemente porque alrededor de ella se construyó un hotel.

El turismo dominicano necesita seguridad jurídica. Los inversionistas necesitan reglas claras y estables. Pero los ciudadanos también necesitan saber que sus derechos serán respetados.

Por eso considero necesario que el Gobierno, los ayuntamientos, las autoridades ambientales y las instituciones responsables del turismo realicen una revisión seria de los accesos a nuestras principales playas.

Hay que identificar cuáles tienen acceso público, garantizar rutas de entrada adecuadas y señalizadas y establecer mecanismos para que cualquier ciudadano pueda denunciar una restricción que considere ilegal.

No podemos permitir que el crecimiento turístico termine creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda frente al mar.

El extranjero que llega a República Dominicana debe sentirse bienvenido. El huésped de un hotel debe recibir seguridad y servicios de calidad. El empresario debe tener garantías para desarrollar su inversión.

Pero el dominicano también debe poder mirar hacia el mar y sentir que ese patrimonio natural forma parte de su país.

El futuro turístico de República Dominicana no debe construirse levantando barreras entre los hoteles y las comunidades.

Debe construirse con inversión, seguridad, empleos, protección ambiental y respeto a los derechos ciudadanos.

Porque nuestras playas pueden generar riquezas, pero antes que eso son parte del patrimonio natural de una nación.

Y ese patrimonio merece ser protegido para todos.