Desde la fundación de la República Dominicana, el 27 de febrero de 1844, la historia política nacional ha estado marcada por una relación estrecha, y en ocasiones determinante, entre el poder económico, las élites sociales y el ejercicio del poder político. En diferentes etapas de nuestra vida republicana, hombres provenientes de sectores económicamente privilegiados han ocupado la Presidencia de la República, mientras otros, aun sin pertenecer a las élites tradicionales, terminaron construyendo alrededor del Estado nuevas formas de concentración del poder económico y político. Esto demuestra que el problema fundamental de una nación no consiste exclusivamente en el origen social o económico de quien gobierna, sino en la concepción que ese gobernante tenga del Estado y en el grado de independencia con que ejerza el poder público frente a los intereses particulares.

Cuando el poder económico logra imponerse sobre el poder de Estado, la administración pública deja de ser expresión del interés nacional. Por eso, la República necesita un estadista cuya autoridad, independencia y visión permitan convertir al Estado en árbitro y garante del equilibrio entre todos los intereses que convergen en la nación.

El verdadero estadista no administra el Estado para un sector, sino que administra los intereses de todos desde el equilibrio, la autoridad y la visión de nación, que es lo que debemos evitar elegir o seguir eligiendo en mayo del 2028.

Pedro Santana, por ejemplo, constituye uno de los primeros ejemplos de esa estrecha relación entre propiedad, poder económico, liderazgo militar y poder político. Buenaventura Báez representa igualmente una etapa en la que las élites económicas y sociales tuvieron una influencia determinante en la conducción de la República. Más adelante, otras experiencias demostraron que el fenómeno podía adquirir formas distintas: el poder podía concentrarse alrededor de un caudillo, de una dictadura, de un partido o de determinados grupos económicos. La historia dominicana, por tanto, no es solamente la historia de quienes ocuparon la Presidencia, sino también la historia de cómo distintos sectores han intentado influir, controlar o beneficiarse del poder del Estado.

El caso de Rafael Leónidas Trujillo ofrece una enseñanza particularmente profunda. No fue simplemente la expresión de una vieja oligarquía económica tradicional; terminó convirtiendo el propio poder político en una extraordinaria fuente de acumulación económica. El Estado dejó de ser árbitro para convertirse en instrumento de concentración. Esa experiencia demuestra que la captura del Estado no depende exclusivamente de que un gobernante proceda de una familia rica o de una clase social determinada. Puede producirse también cuando quien llega al poder utiliza las instituciones públicas para construir su propio poder económico y para favorecer una determinada estructura de intereses.

De ahí que resulte insuficiente reducir el debate político a la procedencia social de los gobernantes. Un hombre rico puede ejercer el poder con sentido nacional y un hombre de origen humilde puede terminar gobernando para intereses particulares. La verdadera cuestión es mucho más profunda: ¿a quién pertenece el Estado cuando un determinado grupo llega al poder? ¿Al partido? ¿A los empresarios? ¿A los grupos financieros? ¿A los sectores productivos? ¿A las élites tradicionales? ¿A una nueva élite construida alrededor del poder? ¿O pertenece verdaderamente a todos los dominicanos?

Esta pregunta adquiere una extraordinaria importancia en el momento actual. La República Dominicana ha cambiado profundamente. Ya no estamos frente a la sociedad rural y políticamente restringida del siglo XIX. Somos una nación urbana, económicamente diversificada, con grandes inversiones nacionales y extranjeras, una clase media mucho más amplia, millones de trabajadores, pequeños y medianos empresarios, productores agrícolas, profesionales, emprendedores y sectores sociales que reclaman mayores niveles de bienestar y participación. En consecuencia, el Estado moderno no puede funcionar como extensión de ningún grupo económico, por poderoso que este sea.

El problema comienza cuando la legítima relación entre el Estado y el sector privado se transforma en una relación de dependencia. El empresario necesita seguridad jurídica, estabilidad, infraestructura, financiamiento, reglas claras y condiciones para invertir. Pero el ciudadano también necesita salarios dignos, servicios públicos eficientes, seguridad, educación, salud, vivienda y protección frente a los abusos del mercado. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar ambos intereses sin convertirse en instrumento exclusivo de ninguno.

Por eso, la discusión política que se abre hacia el futuro no debería limitarse a determinar quién tiene mayores posibilidades electorales, quién representa determinado sector partidario o quién cuenta con mayor respaldo económico. La cuestión fundamental debería ser qué concepción del Estado encarna cada aspirante. Porque una cosa es llegar al Gobierno y otra muy diferente es tener una visión de Estado.

Gobernar con visión de Estado supone comprender que el Presidente de la República no es el representante de un sector social, económico o partidario. Una vez asumida la Presidencia, deja de ser solamente el dirigente de una organización política para convertirse en el jefe del Estado y representante de la nación entera. Su obligación es preservar el equilibrio entre intereses legítimos, impedir que un sector imponga su voluntad sobre los demás y garantizar que las instituciones actúen conforme al interés general.

Un verdadero estadista debe tener la suficiente autoridad intelectual, política y moral para conversar con los grandes empresarios sin convertirse en su representante; defender la inversión sin sacrificar al consumidor; estimular el crecimiento económico sin abandonar a los sectores vulnerables; proteger al trabajador sin destruir la capacidad productiva; atraer capital extranjero sin subordinar el interés nacional; y promover el desarrollo de determinados sectores sin permitir que esos sectores terminen controlando las decisiones fundamentales del Estado.

Esa independencia frente a los poderes particulares es una de las características esenciales del estadista. No se trata de enfrentar al empresariado, al capital, a los sectores productivos o a las élites económicas. Una nación moderna necesita de todos ellos. Lo que no puede aceptar es que ninguno de ellos se convierta en dueño de la voluntad del Estado.

El Estado democrático debe ser árbitro, regulador y garante. Cuando existen conflictos entre capital y trabajo, entre productores y consumidores, entre grandes empresas y pequeños negocios, entre inversión y protección ambiental, entre crecimiento económico y justicia social, corresponde al Estado establecer las reglas y garantizar el equilibrio. Cuando el Gobierno abandona esa función y se identifica abiertamente con uno de los intereses en conflicto, pierde su condición de árbitro y comienza a convertirse en parte del problema.

Esa es precisamente la diferencia entre un Gobierno de intereses y un Gobierno de Estado. El primero observa la sociedad desde la perspectiva de quienes tienen capacidad de influencia. El segundo observa la sociedad desde la perspectiva de la nación. El primero pregunta qué necesita determinado grupo para conservar o ampliar su poder. El segundo pregunta qué necesita el país para desarrollarse de manera sostenible, equilibrada y justa.

La República Dominicana no puede permitirse que la alternancia política se convierta simplemente en una alternancia de grupos económicos alrededor del poder. Cambiar un nombre por otro, un partido por otro o una élite por otra no constituye necesariamente una transformación nacional. La verdadera transformación ocurre cuando cambia la concepción del ejercicio del poder y cuando el Estado recupera su autonomía frente a los intereses particulares.

Por eso resulta preocupante cualquier tendencia a convertir las disputas internas de los partidos en simples luchas entre grupos económicos. Cuando la selección de un candidato presidencial comienza a estar determinada fundamentalmente por quién tiene mayor capacidad financiera, quién posee mayor influencia empresarial o quién representa mejor los intereses de determinados sectores de poder, la democracia pierde una parte esencial de su contenido. La candidatura presidencial debe responder, antes que nada, a una visión de nación.

El próximo ciclo político exige, por tanto, una reflexión mucho más profunda. No se trata de buscar simplemente un administrador eficiente, un empresario exitoso, un dirigente partidario experimentado o una figura electoralmente competitiva. Se necesita alguien capaz de comprender la complejidad de la sociedad dominicana y de asumir la Presidencia como una responsabilidad histórica, no como la culminación de una carrera personal o la conquista de un grupo político.

Un estadista debe tener una visión que trascienda el período constitucional. Debe pensar en la nación que recibirá la siguiente generación, en la educación que formará a sus ciudadanos, en las instituciones que garantizarán la democracia, en la economía que producirá oportunidades, en la seguridad que protegerá a las familias y en la posición que ocupará la República Dominicana en el escenario internacional. Debe tener capacidad para mirar el país desde arriba, no desde el interés particular de quienes están abajo de su propia estructura de poder.

La grandeza de un gobernante no se mide por la cantidad de empresarios que lo rodean, por el volumen de recursos que puede movilizar ni por la dimensión económica de sus aliados. Se mide por su capacidad para hacer que todos esos poderes comprendan que existe algo superior a sus intereses: la nación.

La República Dominicana necesita superar definitivamente la vieja concepción patrimonial del poder, aquella según la cual quien conquista el Gobierno adquiere también la capacidad de distribuir el Estado entre aliados, amigos, grupos económicos o estructuras partidarias. El Estado no es patrimonio del Gobierno, del partido ni de los grupos que contribuyeron a llevarlo al poder. El Estado pertenece a la nación.

Después de más de un siglo y ocho décadas de vida republicana, el país debería estar en condiciones de plantearse una pregunta de mayor alcance: ¿queremos continuar alternando grupos alrededor del poder o queremos construir una verdadera cultura de Estado? Esa es la discusión que debe preceder cualquier proyecto presidencial serio.

Porque el desafío dominicano ya no consiste únicamente en determinar quién puede ganar una elección. Consiste en determinar quién puede gobernar una nación profundamente diversa sin convertirse en representante exclusivo de ninguna de sus partes.

El país necesita un Presidente que pueda mirar a los ricos sin despreciarlos, pero también mirar a los pobres sin utilizarlos; que pueda escuchar a los empresarios sin someterse a ellos y escuchar a los trabajadores sin convertirlos en instrumentos políticos; que pueda defender la inversión sin sacrificar la justicia social y promover la prosperidad sin permitir que la prosperidad de unos pocos se convierta en la vulnerabilidad de las mayorías.

Ese es el sentido más elevado del poder político: no utilizar el Estado para favorecer a un sector contra otro, sino utilizarlo para construir las condiciones en las que todos puedan desarrollarse.

La historia dominicana ofrece suficientes lecciones para comprender que el verdadero peligro no está en que un hombre proceda de una clase social determinada. El verdadero peligro aparece cuando cualquier hombre, cualquiera que sea su origen, llega al poder y permite que los intereses particulares sean superiores al interés nacional.

La hora presente reclama, por tanto, una nueva concepción del liderazgo. No simplemente un dirigente que aspire a gobernar, sino un estadista con alta calidad de experiencia de Estado que entienda que gobernar significa arbitrar, equilibrar, integrar, regular, proteger y proyectar la nación hacia el futuro.

Porque la República Dominicana no necesita que el Estado tenga un nuevo dueño. Necesita que el Estado tenga, definitivamente, un solo propietario legítimo: el pueblo dominicano.

𝓜𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵 𝓑𝓻𝓲𝓽𝓸
𝑨𝒃𝒐𝒈𝒂𝒅𝒐\Periodista
𝑻𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒄𝒓𝒆𝒕𝒂𝒓í𝒂 𝒅e 𝑨𝒆𝒓𝒐𝒏á𝒖𝒕𝒊𝒄𝒂 𝑪𝒊𝒗𝒊𝒍