DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo (FP), Raúl Martínez, solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) investigar la actuación de funcionarios y abogados de la Dirección General de Bienes Nacionales en un proceso judicial que podría comprometer al Estado dominicano al pago de RD$2,693.9 millones.

Martínez reaccionó a una investigación publicada por Diario Libre, según la cual el Estado deberá pagar esa suma por terrenos ubicados en la Avenida José Contreras, en el Distrito Nacional, luego de que la inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales provocara la perención del recurso de casación con el que la institución buscaba impugnar la condena.

El dirigente opositor consideró que, por la magnitud de los recursos públicos involucrados, el hecho no debe ser tratado simplemente como un error procesal, por lo que reclamó determinar quiénes tenían bajo su responsabilidad el expediente, qué mecanismos de supervisión existían y por qué no se realizaron las actuaciones necesarias dentro del plazo establecido.

De acuerdo con la información reseñada, el Tribunal Superior Administrativo había fijado en RD$2,693,994,196.50 el monto que debía pagar el Estado a los sucesores de los antiguos propietarios de los terrenos. Bienes Nacionales, sin embargo, sostenía que el monto pendiente actualizado era de aproximadamente RD$120.2 millones.

Martínez señaló que la diferencia superior a RD$2,500 millones hace aún más necesaria una investigación administrativa que permita establecer las responsabilidades correspondientes. La situación se produjo luego de que el recurso de casación quedara perimido por falta de actuaciones procesales durante aproximadamente tres años.

El secretario de Asuntos Jurídicos de la FP también pidió determinar si las autoridades superiores de Bienes Nacionales fueron informadas sobre la situación del expediente y si existían controles adecuados para garantizar la defensa del patrimonio público.

La sentencia TC/0771/26 del Tribunal Constitucional, emitida el 17 de agosto de 2026, confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró extinguido el recurso. Martínez exhortó a la DIGEIG a actuar ante la gravedad del caso y establecer cómo un expediente en el que estaban comprometidos casi RD$2,700 millones pudo permanecer durante años sin las actuaciones requeridas.