DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Fuerza del Pueblo (FP) afirmó que el Gobierno dominicano pudo gestionar condiciones más favorables ante la nueva política arancelaria de Estados Unidos y evitar que determinados productos nacionales quedaran sujetos a una tasa adicional de 12.5 %.

La posición fue planteada por José Peña Santana, titular de la Secretaría de Comercio Exterior y Logística en los Negocios Internacionales de la FP, quien cuestionó que la Dirección General de Aduanas (DGA) no alertara oportunamente al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el proceso que se desarrollaba en Washington.

Peña Santana sostuvo que República Dominicana debió actuar con anticipación frente a la política comercial de la Administración de Donald Trump, presentando argumentos y realizando las gestiones diplomáticas necesarias para procurar condiciones más competitivas para las exportaciones dominicanas.

El dirigente citó como referencia a Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras, India y México, cuyos productos, según expuso, quedaron sujetos a una tasa de 10 %, mientras República Dominicana fue incluida en el grupo con un arancel de 12.5 %, con las excepciones establecidas para determinados productos.

Los planteamientos fueron realizados durante la conferencia magistral “VIII Enmienda del Sistema Armonizado: Clasificar Bien para Exportar e Importar Mejor”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior y Logística en los Negocios Internacionales de la FP en el Hotel El Embajador.

Durante la actividad, el especialista Tiuna de Benito Fernández, coordinador regional de ASYCUDA de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), advirtió sobre la antigüedad de la plataforma tecnológica utilizada por la DGA y planteó la necesidad de modernizarla.

Mientras, Osiris Maireni Ramírez Ponce de León, consultor regional de la UNCTAD y especialista en derecho aduanero y clasificación arancelaria, abordó los cambios que contempla la VIII Enmienda del Sistema Armonizado, prevista para entrar en vigor en enero de 2028, y la necesidad de que el país realice con anticipación las adecuaciones para clasificar correctamente las mercancías.