Nacionales. Tuesday, 01 de September, 2026
DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El pastor Ángel Gabriel Capellán, señalado por las autoridades en una investigación por presunto maltrato, explotación laboral y posible trata de personas de menores de edad, afirmó que la fundación que dirige en La Pared de Haina, San Cristóbal, recibía ingresos aproximados de RD$70,000 mensuales para cubrir sus gastos. Según su versión, la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive se dedica a brindar apoyo a familias vulnerables y niños huérfanos y está registrada desde 2016.
De acuerdo con el informe de investigación de la Policía Nacional, Capellán declaró que algunas madres entregaban a los menores debido a sus condiciones económicas y que los niños asistían a la escuela mientras permanecían en la fundación, hasta que sus familiares pudieran hacerse cargo de ellos. El religioso sostuvo además que destinaba ingresos propios provenientes de actividades como agricultura, albañilería y crianza de cerdos para contribuir al sostenimiento de los menores, y que también recibía apoyo de misioneros procedentes de Puerto Rico.
La investigación se inició luego de que un menor de 12 años acudiera ante las autoridades y denunciara que había escapado de un lugar donde permanecía junto a otros niños bajo el control de un hombre identificado como “el pastor” o “el capellán”. Durante el levantamiento realizado en la fundación, las autoridades ubicaron a menores y familias residentes en el inmueble. La Policía indicó que el caso presenta posibles indicadores de maltrato infantil, explotación laboral y trata de personas, aunque precisó que la calificación jurídica corresponderá al Ministerio Público.
Las autoridades informaron que 14 menores fueron rescatados del lugar y quedaron bajo protección estatal. Los niños permanecían en una vivienda de dos niveles, donde, según el informe, había varias habitaciones con entre tres y cuatro camas, mientras que una de ellas contaba con una puerta de hierro asegurada con candado. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que permanecían los menores y establecer las posibles responsabilidades.