DIARIO ECO/ SANTO DOMINGO, RD.- El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas valoró el Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención, detección, investigación y combate del denominado “terrorismo medioambiental”, pero advirtió que su efectividad dependerá de que se traduzca en investigaciones rigurosas y acciones concretas contra quienes organizan, financian o se benefician de la destrucción de los recursos naturales.

La organización señaló que muchas de las conductas contempladas en el decreto ya están prohibidas y sancionadas por la legislación dominicana, por lo que consideró que la principal novedad de la disposición radica en abordar estos hechos como un asunto de seguridad nacional y establecer mecanismos de coordinación entre instituciones. También llamó a aplicar el concepto de “terrorismo medioambiental” dentro de los límites de la ley, respetando el debido proceso y las competencias del Ministerio Público y los tribunales.

El Observatorio sostuvo que casos registrados en zonas como Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Isla Catalina, el Cinturón Verde de Santo Domingo, Loma Quita Espuela y Boca de Yásica evidencian que algunos daños ambientales de gran escala pueden involucrar planificación, recursos económicos, autorizaciones, omisiones y beneficiarios. En ese sentido, planteó que las investigaciones no deben limitarse a trabajadores u operadores, sino que deben establecer quiénes dieron las órdenes, facilitaron los permisos o se beneficiaron de las actividades ilícitas.

La entidad propuso que el decreto sea acompañado de un plan operativo con responsables, plazos, presupuesto e indicadores, además de mecanismos de denuncia, trazabilidad financiera y registral, paralización oportuna de los daños, restauración ambiental y sometimientos sustentados en pruebas. Asimismo, consideró necesaria la veeduría científica y ciudadana independiente y afirmó que la eficacia de la medida deberá evaluarse por resultados concretos, como investigaciones que alcancen a los responsables, anulación de autorizaciones irregulares y recuperación de ecosistemas afectados.