La Fundación Primero Justicia denunció ante la Procuraduría General de la República el supuesto desmantelamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos y Crímenes Electorales, al alegar que actualmente carece de titulares, personal y fiscales electorales, pese a la proximidad de las elecciones de 2028.

La organización sostuvo que esta situación incumple, a su juicio, disposiciones de los artículos 321, 324 y 327 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, que contemplan la estructura para perseguir el uso y desvío de recursos públicos con fines electorales. También citó una resolución del Consejo del Ministerio Público de julio de 2023 en la que se reconocía la falta de personal para garantizar fiscales electorales de dedicación exclusiva durante el período electoral.

Surun Hernández, representante de la fundación, advirtió que la ausencia de un órgano persecutor eficaz podría facilitar el uso de recursos del Estado para favorecer candidaturas y afectar la competencia electoral. En ese contexto, mencionó denuncias y cuestionamientos relacionados con instituciones como INABIE, SENASA, CAASD, INDRHI, Aduanas, Supérate y proyectos de transporte, aunque el comunicado no presenta pruebas que vinculen esos casos con el financiamiento de campañas.

La entidad reclamó a la Procuraduría la designación de los titulares, adjuntos y fiscales electorales previstos en la legislación. Asimismo, advirtió que la falta de mecanismos de persecución frente al uso político de recursos públicos podría favorecer la compra de votos y el financiamiento irregular de campañas, y recordó que este tipo de conductas también está contemplado en el Código Penal.