Hernández sostuvo que el país tuvo aproximadamente 20 años para preparar al sector arrocero ante la apertura comercial, mediante la modernización de los sistemas de riego, reducción de costos, renovación de variedades, fortalecimiento de la investigación, mecanización y acceso al financiamiento, pero afirmó que esas medidas no fueron desarrolladas de manera suficiente. Señaló que los productores dominicanos tendrían que competir con una agricultura estadounidense de mayor escala y tecnificación.

El presidente de la ANPA estimó que una apertura repentina podría afectar a unos 30,000 productores, entre 1.3 y 1.5 millones de tareas cultivadas, una producción cercana a 14.8 millones de quintales de arroz y una cadena económica que, según sus datos, mueve más de RD$45,000 millones anuales. Advirtió que entre las posibles consecuencias figuran una reducción de los precios pagados a los productores, acumulación de cosechas, aumento del endeudamiento, disminución de las áreas sembradas y afectación de factorías y otras empresas vinculadas al sector.

Hernández pidió al Gobierno evitar una decisión apresurada y convocar una mesa nacional del arroz con la participación de productores, autoridades, profesionales agropecuarios, factorías, universidades y centros de investigación. También propuso negociar con Estados Unidos un período de transición con salvaguardias y mecanismos de compensación, además de implementar un Programa Nacional de Competitividad Arrocera para mejorar la productividad y reducir los costos de producción.