DIARIO ECO/PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ.- Amnistía Internacional pidió a los gobiernos de Haití y El Salvador garantizar que las operaciones de las fuerzas militares salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano respeten el derecho internacional de los derechos humanos y cuenten con mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas.

«La población haitiana tiene derecho a vivir sin violencia y sin miedo. Las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para comunidades que ya enfrentan una profunda crisis humanitaria, especialmente cuando se desarrollan cerca de viviendas, escuelas y hospitales. Ambos gobiernos deben adoptar medidas efectivas para proteger la vida y la integridad de la población, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y atención médica. El uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. La protección de niñas y niños, incluidos quienes han sido reclutados por bandas armadas, exige personal capacitado en derechos humanos, protocolos específicos y atención especializada», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La organización hizo el llamado luego de que Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, aclarara que la mayoría del personal militar salvadoreño enviado recientemente a Haití no forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que queda fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (UNSOH).

Piquer instó al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, y al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, a publicar el acuerdo que sustenta el despliegue y explicar las normas que regulan el uso de la fuerza, la supervisión de las tropas y los mecanismos disponibles para que la población denuncie posibles abusos.

«El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que todas las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití respeten el derecho internacional de los derechos humanos», precisó.

La entidad también pidió proteger a las comunidades cercanas a las operaciones militares, especialmente a niños y otros grupos vulnerables, y garantizar investigaciones independientes sobre cualquier denuncia de violaciones. Asimismo, reclamó esclarecer el paradero de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre y solicitó que sean liberados de inmediato si están en poder de una banda armada.

«Las autoridades de ambos países deben garantizar investigaciones prontas, independientes e imparciales sobre toda denuncia de violaciones de derechos humanos, llevar ante la justicia en juicios justos a las personas sospechosas de responsabilidad penal y asegurar reparación a las víctimas. Al mismo tiempo, debe esclarecerse la suerte y paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre y, si están en poder de una banda armada, deben ser liberados de inmediato y sin sufrir daño. La respuesta a la violencia de las bandas no puede reproducir los abusos y la impunidad que han marcado anteriores intervenciones en Haití», enfatizó.