Opinión. Friday, 05 de June, 2026

Las recientes votaciones en el Concejo de Regidores de Santo Domingo Este vuelven a poner sobre la mesa una realidad incómoda de que el alcalde continúa desafiando los principios de transparencia y rendición de cuentas que han sido la principal bandera política del presidente Luis Abinader.

El distanciamiento de esos ideales no es nuevo. Sin embargo, la campaña de descrédito emprendida contra dos regidoras oficialistas marca un precedente preocupante. Todo comenzó durante la última sesión extraordinaria del Concejo, cuando el alcalde Dío Astacio sometió en junio de 2026 la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, seis meses después de concluido el ejercicio fiscal, cuando dicho informe ya ha perdido gran parte de su valor para fines de fiscalización y control.

Ante esa situación, dos regidoras del Partido Revolucionario Moderno (PRM) reclamaron lo que cualquier órgano de control responsable habría exigido: que la administración municipal presentara en abril la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2026. Sin embargo, ya transcurre el mes de junio y ese informe sigue sin llegar al órgano legislativo municipal.

A esto se suma el manejo del remanente presupuestario de 2025, que debió incorporarse al presupuesto de 2026 desde el pasado mes de enero. La administración decidió remitirlo seis meses después sin ofrecer una explicación convincente. La única justificación presentada fue que obedecía a una disposición de la Dirección General de Presupuesto, aunque nunca se exhibió un documento oficial que respaldara semejante afirmación.

Resulta igualmente llamativo que la sesión extraordinaria convocada a solicitud de la Alcaldía se realizara sin la presencia de representantes de la administración municipal. Habitualmente y por ley, el alcalde suele hacerse representar por el secretario general o por algún funcionario de alto nivel. Esta vez nadie dio la cara para responder las preguntas de los regidores.

Tampoco estuvo presente la contralora municipal. Y resulta difícil comprender cómo se pretende que un Concejo de Regidores apruebe asuntos financieros sin la participación de la funcionaria llamada a supervisar y certificar los mecanismos de control interno.

Pero quizás el hecho más revelador ocurrió después.

Tras las observaciones formuladas por las dos regidoras, un periodista identificado en los corrillos del ayuntamiento como cercano al alcalde inició una campaña pública en su contra. Su falta parece haber sido exigir explicaciones, reclamar transparencia, negarse a respaldar decisiones que consideran carentes de la debida sustentación administrativa y defender los ideales de transparencia del presidente Luis Abinader.

La gestión municipal de Santo Domingo Este ha sido objeto de cuestionamientos precisamente por su distancia respecto de los estándares de transparencia promovidos desde el Gobierno central.

La mejor prueba de ello es que, a más de dos años de iniciada la administración, todavía no se ha designado mediante concurso al contralor municipal, tal como establece la ley. En su lugar, la institución opera con una funcionaria interina que, según diversos cuestionamientos, no reúne los requisitos académicos ni la experiencia profesional exigidos para el cargo. Más aún, en los círculos políticos y administrativos del municipio es un secreto a voces que responde directamente al alcalde, cuando precisamente su función debería ser fiscalizar la actuación de la administración municipal.

La situación adquiere una dimensión aún más preocupante cuando dos regidoras del propio partido de gobierno son sometidas a una campaña de descrédito por reclamar información, exigir explicaciones y defender los mismos principios que llevaron al PRM al poder.

Y si pedir cuentas se transforma en un acto de rebeldía, entonces el problema ya no está en quienes preguntan, sino en quienes se niegan a responder.

Por Isaura Estévez