Nacionales. Friday, 19 de June, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- El Centro Juan XXIII consideró que la recién aprobada Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional no será suficiente para corregir los problemas estructurales de las finanzas públicas si no se acompaña de una reducción efectiva del gasto corriente, mayores niveles de transparencia y mecanismos de supervisión ciudadana.

La organización reconoció que la normativa incorpora avances importantes, entre ellos la simplificación del sistema tributario, la eliminación de anticipos para microempresas y personas físicas, la reducción del impuesto sobre la renta por ganancias de capital en la venta de inmuebles y la derogación de algunos gravámenes vinculados a hipotecas y constitución de compañías. Sin embargo, sostuvo que el principal desafío sigue siendo el crecimiento sostenido del gasto corriente del Estado.

Según explicó la entidad, el gasto corriente pasó de representar un 14.1 % del Producto Interno Bruto (PIB) antes de la pandemia a un 16.5 % en la actualidad. En ese contexto, advirtió que incrementar los ingresos mediante nuevos tributos sin aplicar medidas de contención del gasto solo pospone el problema fiscal. “Subir impuestos sin bajar el gasto es patear la bola”, afirmó.

El Centro Juan XXIII recordó que antes de la aprobación de la reforma propuso establecer metas concretas para reducir el gasto corriente, publicar informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y crear una veeduría ciudadana independiente encargada de supervisar el uso de los recursos públicos. Asimismo, planteó que las medidas de austeridad deben comenzar por el gasto político y la revisión de las exenciones fiscales antes de trasladar mayores cargas económicas a la población.

La entidad señaló que, aunque el Gobierno estima recaudar RD$122,486 millones adicionales, equivalentes al 1.5 % del PIB, todavía no ha detallado cuáles partidas serán reducidas ni cómo se utilizarán esos recursos. Por ello, insistió en la necesidad de transparentar los recortes previstos para llevar el gasto corriente a un 14 % del PIB y garantizar la participación de la sociedad civil en el seguimiento de esas metas.

Como alternativa para fortalecer los ingresos estatales sin afectar significativamente la actividad económica, el Centro Juan XXIII reiteró su propuesta de aplicar un cargo de cinco dólares por noche a los turistas que visiten el país, medida que, según sus estimaciones, permitiría recaudar alrededor de RD$20,000 millones. La organización advirtió que, de mantenerse el actual nivel de gasto, la República Dominicana podría verse obligada a impulsar una nueva reforma fiscal en los próximos tres años, esta vez con mayores costos económicos y menor consenso social.

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