Nacionales. Friday, 22 de May, 2026

DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Junta Central Electoral emitió el reglamento que establece el procedimiento para el registro de las firmas o empresas encuestadoras, así como la publicación de encuestas en materia electoral.

La normativa tiene por objeto, regular la ejecución de encuestas y sondeos con fines electorales, asegurando que mayor transparencia, rigor técnico y equidad en los procesos políticos y electorales del territorio dominicano.

De acuerdo con el documento de la JCE, las firmas o empresas encuestadoras que deseen realizar encuestas con fines electorales, deberán, previamente registrarse y ser habilitadas por ante la Junta Central Electoral.

Entre los documentos requeridos, conforme lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley No. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, se encuentran estatutos sociales; filial(es) internacional (es) si la(s) tiene; currículos actualizados de los técnicos que dirigen y participan en los sondeos o encuestas; nómina actualizada de accionistas; composición de consejo de administración y nómina de directivos.

Asimismo, el reglamento dispone que las empresas deberán incluir en cada publicación detalles técnicos como el tamaño de la muestra, margen de error, nivel de confianza, método de muestreo, tipo de entrevista y el texto íntegro de las preguntas realizadas.

La JCE también estableció que las firmas habilitadas deberán mostrar en sus publicaciones el número de registro otorgado por el órgano electoral y la fecha de actualización de su acreditación.

Sanciones 

La Junta Central Electoral advirtió que las firmas o empresas que publiquen encuestas con fines electorales fuera de los plazos previstos para la precampaña (el cual inicia formalmente el primer domingo del mes de julio del año anterior al de las elecciones, conforme al artículo 41 de la Ley Num. 33-18) y la campaña electoral podrán ser objeto de suspensión temporal por un período de seis meses a un año; cancelación definitiva del registro en caso de reincidencia; y cualquier otra sanción administrativa prevista en la ley.