DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó el pedimento de la defensa de variar la prisión preventiva, como medida de coerción, a Aurelio Valdez Alcántara, fiscal procesado por el Ministerio Público por exigir un soborno a una persona bajo investigación y que recibió US$10,000 en una entrega controlada.

Nancy María Joaquín Guzmán, en funciones de jueza de la Instrucción Especial, declinó la solicitud de la defensa del fiscal Alcántara, durante la audiencia donde se conoció la solicitud de revisión de la coerción que le fue impuesta a Valdez Alcántara el pasado mes de mayo por espacio de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia de San Cristóbal.

Tras su decisión, la magistrada aceptó la petición del MP, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a los fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. El órgano acusador argumentó que no habían variado los presupuestos presentados por la defensa en la audiencia donde se le impuso inicialmente la medida coercitiva.

El pasado 29 de junio, la jueza Joaquín Guzmán dejó sin efecto la revisión de la medida de coerción a Valdez Alcántara como consecuencia del recurso que conoció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el pasado 3 de junio, cuando, igualmente, le ratificó la medida privativa de libertad.

La magistrada Joaquín Guzmán fijó la revisión obligatoria de la medida para el próximo 3 de septiembre.

¿Qué pidió Valdez Alcántara a la persona bajo investigación?

El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, según el expediente, exigió a un testigo en el caso de presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) una suma inicial de doscientos mil dólares (US$200,000), suma que redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) dólares en una negociación en la que también, mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un auto marca Mercedes Benz.