DIARIO ECO/SANTO DOMINGO, RD.- La procuradora de corte y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, informó que el Ministerio Público documentó autorizaciones médicas que fueron facturadas y cobradas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) por procedimientos que, según la investigación, no fueron realizados.

Ortiz explicó que el órgano acusador judicializa en esta etapa a 26 personas vinculadas a un supuesto esquema de corrupción que habría operado desde SeNaSa con la participación de exempleados de la institución y médicos que tenían códigos asignados. La funcionaria indicó que el Ministerio Público presentó numerosas evidencias para sustentar la solicitud de medidas de coerción.

La audiencia fue aplazada para este miércoles 23 de septiembre, a las 2:00 de la tarde, luego de que los abogados de los imputados solicitaron tiempo para examinar las pruebas depositadas por el MP. El proceso también fue ampliado con la incorporación de la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, quien se entregó a las autoridades el lunes.

El Ministerio Público solicitará que el proceso sea declarado caso complejo y que se impongan 18 meses de prisión preventiva a los imputados. Según la acusación, el entramado habría incurrido en delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

La PEPCA sostiene que, durante la investigación, ha recabado evidencia de sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y uso de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos públicos. El MP vincula estos hechos con la primera etapa de la denominada Operación Cobra y con otras líneas investigativas relacionadas con el supuesto fraude contra SeNaSa.